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Imagen de un trabajador de restauración en la plaza Reial de Barcelona  / EFE

Las nuevas restricciones dejan en el aire a 70.000 trabajadores que salieron del ERTE

El cierre gubernativo de bares y restaurantes en Cataluña afecta a un tercio de los 207.000 empleados, el resto están aún en expediente regulador

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El cerrojazo de la restauración durante 15 días por la pandemia en Cataluña impactará directamente en 70.000 puestos de trabajo. Estos son los primeros cálculos del cierre gubernativo de bares y restaurantes en la región, que comenzará el viernes por orden de la Generalitat si la justicia lo avala, según indican los operadores del sector. 

El cese forzoso de activitad tendrá un efecto directos sobre unas 30.000 empresas de los 44.100 establecimientos de venta de comida y bebida que había censados en el territorio en 2019. Estos negocios emplean a unas 207.000 personas, pero dos tercios de esta fuerza laboral está inactiva tras haber sido incluida en un expediente temporal de regulación de empleo (ERTE). Solo unos 70.000 han sido desafectados. Son estos trabajadores los que deberán parar durante dos semanas.

Impacto a posteriori

El golpe a la restauración catalana, que tendrá reverberaciones en el comercio, al que se limitará el aforo al 30%, el sector ferial, que queda desactivado hasta final de mes, y los gimnasios, que también cerrarán parcialmente será doloroso. Pendientes del aval judicial, los 70.000 empleados citados pasarán a cobrar una prestación de desempleo por cierre forzoso de actividad en Cataluña el viernes.

Hay más. A la vuelta, cuando se levante la restricción, se estima un impacto económico y sobre el empleo mayor debido a la llamada mortalidad empresarial. El concepto se refiere a los bares, restaurantes, bufés y cafés que no aguantarán la facturación cero durante 15 días. Es harto probable que algunos negocios vayan a insolvencia, máxime cuando operan a medio gas desde el inicio de la pandemia el 13 de marzo.

Pendientes de la justicia

Hasta 70.000 catalanes están pendientes de si la justicia ve proporcionado el cierre de un sector que copa, con sus derivados, el 20% del Producto Interior Bruto (PIB) catalán. Los magistrados de la Sala contenciosa del TSJC deberán dilucidar si el cierre gubernativo de más de 30.000 empresas es proporcionado y está justificado según la situación epidemiológica actual.

A este respecto, cabe recordar que la curva de contagios ha aumentado en Cataluña en las últimas semanas. El índice de rebrote ha crecido también de forma importante. Ante ello, la Generalitat ha decidido actuar con un cierre que el poder judicial analizará para cerciorarse de si se ajusta a normativa y a las competencias de la administración autonómica.

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