El presidente de la CEOE, Juan Rosell, en una imagen de archivo / CG

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, en una imagen de archivo / CG

Business

La CEOE amaga con recurrir al Constitucional el nuevo Impuesto de Sociedades

La patronal argumenta que la continua adopción de medidas de urgencia en materia tributaria es “incompatible con la mínima seguridad jurídica necesaria”

28 diciembre, 2016 19:41

La CEOE ha reconocido este miércoles que estudia presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el real decreto-ley de subida del Impuesto de Sociedades. La nueva norma entró en vigor el 3 de diciembre pasado y el Gobierno estima que recaudará 4.650 millones de euros adicionales en 2017.

Juan Rosell, presidente de la patronal, y otros cargos directivos habían mostrado su rechazo a la norma. Advirtieron en su día que afectará negativamente a las inversiones empresariales y a la creación de empleo, el verdadero problema de la economía española. Ahora, plantea dar otro paso al entender que vulnera varios artículos de la Carta Magna.

Seguridad jurídica

El principal, que las medidas de urgencia en materia tributaria son “incompatibles con la mínima seguridad jurídica necesaria” en toda actividad económica, según un informe interno de la organización. Especialmente en un momento en el que se intenta captar inversión tanto nacional como extranjera para consolidar la expansión económica y limitar el letargo en el crecimiento previsto para el próximo año.

La patronal afirma que la retroactividad al 1 de enero del ejercicio en curso de algunas de las modificaciones del impuesto “no es admisible”. Argumenta que se trata de una técnica legislativa “muy perjudicial, manifiestamente mejorable y deja en muy mal lugar la imagen de España”.

Tramitación parlamentaria

Además, afirma que su aprobación tampoco no es la adecuada. Señala que sólo se debería recurrir a un decreto-ley de forma excepcional y no usarla como la alternativa favorita para elaborar una norma de carácter tributario como ocurrió en la legislatura pasada.

Pide el tiempo necesario de una tramitación habitual para poder debatir la idoneidad de la propuesta y poder presentar las enmiendas que considere oportunas.