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Entrada en la factoría de Central de Cocinados Catar en agosto, el primer mes de encierro de los trabajadores / CG

Los dueños de Central de Cocinados Catar deben 800.000 euros a 34 trabajadores

Se verán las caras el próximo marzo en los juzgados de Granollers tras un polémico cierre en agosto que llevó a que la plantilla se encerrara algo más de dos meses en la fábrica

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Los últimos propietarios de Central de Cocinados Catar, una empresa con más de 20 años de experiencia en los preparados industriales de Mollet del Vallès (Barcelona), deberán responder en los tribunales a la reclamación de 800.000 euros que le hacen 34 extrabajadores de la compañía. Todos ellos despedidos sin preaviso a principios de agosto con dos mensualidades pendientes de devengar, 15 días de vacaciones, horas extra pendientes y las indemnizaciones correspondientes.

La peculiar forma de clausurar la compañía, con la extracción de buena parte de la maquinaria del grupo en plena noche, les llevó a encerrarse en el centro de trabajo. Allí estuvieron en agosto, septiembre y hasta mediados de octubre.

Intento de pactar con Vifiti

Intentaban arrancar un acuerdo con parte de los socios de Vifiti, la empresa que explotaba la sociedad, para poder vender los equipos que aún no se habían retirado de la factoría para intentar cubrir parte de las deudas que había contraído la empresa. Sus portavoces explican que estuvieron a punto de alcanzar un pacto con Josep Tarrés, uno de los empresario que explotaba la firma de catering. Pero no llegaron a buen puerto.

Relatan que en ese momento se habían quedado sin luz en la fábrica y habían vivido dos entradas de extraños de noche en el centro para robar material. Además, algunos de los afectados habían encontrado nuevos empleos y era más complejo mantener los turnos de guardia de forma regular como había ocurrido en las primeras semanas de encierro.

Poo Espejo se lleva más maquinaria

Tiraron la toalla. El día siguiente, según su relato, los colaboradores del otro empresario que estaba más vinculado a la gestión diaria de Cocinados Catar, el que se había llevado de noche la maquinaria y había bajado la persiana, regresaron a la factoría. La acabaron de vaciar. Además, a posteriori ha sido objeto de otros actos vandálicos para llevarse material de valor como el cobre del tendido eléctrico.

Los portavoces de la plantilla aseguran que no han quedado ni siquiera las taquillas que habían usado durante años. Casi todos ellos, ya que el conflicto laboral ha minado algunas relaciones, señalan a Javier Poo Espejo.

Empresas del sector

Este ejecutivo es administrador único de las sociedades Comercial Avicola Poo, Colomacarns y Nova Vida Distribucions Carniques, todas ellas con sede en Barcelona. Se involucró en la gestión de Vifiti junto con Juan Vives Relats, fallecido, y Josep Tarrés aunque su nombre no aparece en el Registro Mercantil, indican los empleados afectados por el cierre.

Esta compañía fue adjudicataria de Centrales de Cocinados Catar en 2013, cuando los administradores concursales de la compañía abrieron la fase de liquidación. La crisis había minado su cartera de clientes y se había llevado por delante el negocio tal y como estaba planteado hasta ese momento.

Reclamación judicial

Los nuevos dueños habían prometido invertir en el grupo y así lo hicieron, con la renovación de la maquinaria productiva. Pero bajaron hasta extremos insostenibles los estándares de calidad e higiene, además de ampliar plantilla con contratos precarios y en demasiadas ocasiones que no se correspondían con la realidad de horas trabajadas, señalan los empleados. Nunca denunciaron por miedo a ser despedidos.

Esperan que los tribunales les den la razón en el conflicto laboral que aún está latente. Además, denuncian que tienen constancia de que Poo se ha llevado todo el equipo productivo a otra empresa del sector situada en Ripoll (Barcelona) en la que continúa su actividad.

No son los únicos los que se debe dinero, Vifiti tiene pendiente de pago varios meses de alquiler y suministros de la factoría de Mollet. Por el momento, no hay constancia de que se haya declarado o instado el concurso de acreedores.