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Economía

Celsa ofrece a los fondos aportar 400 millones para desbloquear el rescate

La compañía desembolsaría la cifra hasta el año 2030 y tras devolver la ayuda de la SEPI

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Movimiento de última hora en torno al futuro de Celsa. La compañía ha hecho pública una propuesta que ha trasladado a los acreedores con el fin de desbloquear el rescate del fondo de la SEPI que consiste en la aportación de 400 millones de euros a largo plazo, a sumar al plan del organismo público.

Celsa explica que el montante que está dispuesta a poner encima de la mesa se divide en una partida fija y otra que será variable en función del resultado operativo (Ebitda) que obtenga entre los años 2023 y 2030.

Tras repagar la deuda

El grupo siderúrgico controlado por la familia Rubiralta también especifica que, en cualquier caso, ese dinero se aportaría siempre tras repagar la ayuda de SEPI, que incluye 450 millones de repago inmediato y otros 662 millones en siete años.

La propuesta llega después de que los acreedores rechazaran los planes de Celsa a partir del rescate del fondo de la SEPI, en el que se contemplaba la aportación de 50 millones por parte de los socios; a su vez, la siderúrgica dijo no a la propuesta de los fondos, que incluía un convertible de 900 millones y la toma de un 49% del capital como contraprestación.

Acusaciones a los fondos

En el comunicado difundido con los detalles de la oferta, Celsa se muestra crítica con los acreedores a los que tilda de “fondos buitre” y acusa de querer romper “los límites del correcto uso de la financiación pública que no puede utilizarse como base de una estrategia especulativa”, propia de las entidades que adquieren deuda a precio de derribo, como fue el caso de los actuales acreedores de Celsa.

Entre ellos, se encuentran también entidades financieras como Deutsche Bank y Goldman Sachs, además de SVP y Cross Ocean, que cuentan con el asesoramiento de la firma especializada Houlihan Lokey.

Premura de tiempo

Celsa considera que, tras su última propuesta, en las manos de los acreedores están “la concesión de la ayuda pública y el futuro de 30.000 puestos de trabajo”. 

La falta de acuerdo a la hora de aceptar la hoja de ruta de la SEPI para proceder a la concesión del rescate pone en peligro el procedimiento ante la necesidad de que pase por la mesa del Consejo de Ministros (para después ser remitido a la Comisión Europea) y también la premura de tiempo, dado que el plazo finaliza a finales de mes.