CCOO y UGT cargan contra la Generalitat por su falsa promesa con el salario mínimo

Los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, han criticado a la Generalitat este jueves tras el anuncio de que el salario mínimo interprofesional (SMI) de referencia en Cataluña debe ser de 1.239 euros al mes, 340 euros más que el resto de trabajadores del país. Ambos han recordado al Gobierno de Quim Torra que se trata de una promesa con poco recorrido por la falta de competencias en la materia.

Con todo, los sindicatos proponen que el Ejecutivo dé pasos adelante en los ámbitos donde sí tiene voz y voto. Es decir, en las contrataciones de la Administración Pública. Propone que se fije como otra cláusula del pliego de condiciones de los contratos que se sacan a concurso subir las retribuciones de las plantillas.

Coste para la Generalitat

“La pregunta es muy sencilla: ¿Piensan obligar a las empresas que subcontratan con la Generalitat a que lo paguen?”, ha inquirido Álvarez, “¿los Ayuntamientos lo van a hacer también?”. Por todo ello, anima a que el Gobierno dé el paso y adopte la vía de la regulación.

Sordo ha metido el dedo en la llaga de forma más directa. “Es más fácil hacer lo que competencialmente no se puede a promover lo que sí se puede”, ha señalado. Recuerda que un cambio en la contratación pública como el indicado “tendría un coste importante para las arcas de la Generalitat”, además de generar dudas sobre la seguridad jurídica.

Precariedad en las licitaciones públicas

Los sindicatos cargan contra un anuncio que el propio vicepresidente de Economía, Pere Aragonès (ERC), y el consejero de Trabajo, Chakir El Homrani (ERC), han reconocido que no se implementará “de la noche y la mañana”. Recuerdan que la Administración no es precisamente el ámbito que se pondría de ejemplo en cuestión de retribuciones.

CCOO recuerda que tiende a aceptar “bajas temerarias” en las licitaciones públicas que incluyen salarios bajos y temporalidad. Todo ello, con el fin de disponer de contratos más baratos. También ha criticado los procesos de externalización de los servicios públicos.