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Imagen de un teleoperador de venta telefónica, que la Generalitat de Cataluña quiere prohibir / CG

Cataluña quiere prohibir las llamadas 'frías' de televenta

La Generalitat incluye en la nueva ley comercial la ilegalización de la venta telefónica sin la autorización del cliente

2 min

Cataluña quiere prohíbir la televenta sin consentimiento del cliente. La Generalitat busca ilegalizar la promoción a puerta fría que hacen algunos operadores energéticos o telefónicos sin autorización previa del consumidor. La medida está incluida en la nueva Ley de Comercios, Servicios y Ferias que el consejo de gobierno del ejecutivo autonómico ha aprobado el martes.

Según ha desgranado el consejero de Empresa y Conocimiento, Jordi Baiget (CDC), el texto incluye la citada prohibición a los operadores. Con lo que respecta al buzoneo comercial, será legal siempre que las comunidades de vecinos no rechacen recibirlo.

"La ley es producto del consenso del sector y punto de encuentro de distintas sensibilidades e intereses", ha defendido el conseller convergente.

Rebajas libres

Entre otros aspectos, la Generalitat apuesta por liberalizar las rebajas en Cataluña. Ello dejaría "en manos del propio comerciante" la decisión final de cuándo aplicar los descuentos.

La medida anunciada, no obstante, tendrá trampa. El gobierno autonómico incentivará con una campaña que los pequeños negocios sigan ciñéndose a los periodos de rebajas de invierno y verano.

Más aperturas

Entre otras novedades, el departamento de Baiget fija en un máximo de 75 las horas semanales que un comercio puede permanecer abierto al público. La cifra incrementa en tres horas a la semana el horario actual de persiana abierta.

Asimismo, la Generalitat amplía el concepto de municipio turístico para acogerse a la libertad horaria y contempla el libre criterio de apertura para los comercios de menos de 150 metros cuadrados que no sean de grandes cadenas de distribución y estén situados en municipios de menos de 5.000 habitantes.

En el plano político, el consejero convergente ha defendido que la ley es una "prueba del algodón" respecto a la oferta de diálogo del Gobierno al ejecutivo autonómico.