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Edificio de la sede de Naturgy en Madrid / EP

Un cambio normativo refuerza a Naturgy en su pleito de 1.600 millones contra Colombia

El Gobierno asegura la viabilidad de Electricaribe con una medida que negó repetidas veces a la española cuando administraba la distribuidora eléctrica

7 min

Naturgy ha recibido un refuerzo en el proceso de arbitraje que mantiene con Colombia por su filial Electricaribe de donde menos podría esperarlo: del propio Gobierno local. Una nueva norma regulatoria dictada recientemente en el país latinoamericano permitirá a la distribuidora de electricidad recibir ingresos adicionales con el fin de asegurar la prestación de servicios en tanto se resuelve su delicada situación financiera. Antaño, la medida fue solicitada repetidamente por la compañía española, que siempre obtuvo la negativa del Ejecutivo colombiano al sostener que se trataba de una solución de imposible aplicación.

La decisión de Colombia de intervenir Electricaribe motivó la solicitud de un proceso de arbitraje por parte de Naturgy ante el tribunal de resolución de conflictos de Naciones Unidas (Uncitral) en el que la compañía española reclama una indemnización de unos 1.600 millones de euros al Estado latinoamericano. La resolución se espera para finales de 2020.

El regulador, al rescate

Recientemente, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, el organismo regulador colombiano (equivalente a la CNMC española), estableció un nuevo régimen transitorio para los servicios de distribución y comercialización de electricidad en la región del Caribe, donde opera la filial de Naturgy, que permite que la compañía perciba más dinero en concepto de gastos de operación y mantenimiento, de modo que pueda asegurar la prestación de un servicio tan esencial como el suministro eléctrico.

La precaria situación financiera de Electricaribe, que ponía en peligro su viabilidad y la prestación del servicio a aproximadamente 2,5 millones de ciudadanos, fue el motivo principal que llevó al Gobierno colombiano a intervenir la compañía, participada al 85% por Naturgy, a finales de 2016 para, meses después, decretar su liquidación (proceso que aún no ha concluido dadas las dificultades para encontrar un comprador).

Desde entonces, la gestión de Electricaribe corresponde al Ejecutivo local que, sin embargo, no ha sido capaz en este tiempo de solventar los problemas financieros de la empresa, lo que le ha obligado finalmente al regulador a articular la modificación normativa citada.

Solicitud negada

En su día, cuando la situación de Electricaribe comenzó a ser preocupante y la compañía española, por entonces aún denominada Gas Natural Fenosa, apeló a los acuerdos bilaterales con Colombia para encontrar una solución, puso sobre la mesa que los problemas financieros se debían a un acusado y continuado escenario de fraude y morosidad del que formaban parte incluso algunos clientes vinculados a la Administración Pública, como escuelas y ayuntamientos.

Esta situación había repercutido en las inversiones que la compañía española tenía comprometidas llevar a cabo en la comercializadora eléctrica, que era el extremo que denunciaba el Gobierno local. En este sentido, Naturgy había tomado la decisión de ralentizar esas inversiones en tanto no se resolvieran los problemas que provocaban los notables desequilibrios financieros de Electricaribe, cuyo agujero fue estimado por la compañía española en más de 1.200 millones de euros.

Medidas transitorias

Antes de la intervención, ambas partes abrieron un proceso de negociación en el que Naturgy sostuvo en todo momento su intención de continuar en Electricaribe pero con determinadas garantías de que las autoridades locales se pondrían manos a la obra para reducir el fraude y la morosidad.

Para articular este periodo transitorio mientras se atajaba el problema, la entonces llamada Gas Natural Fenosa solicitó que el Gobierno tomara medidas que permitieran asegurar la viabilidad de Electricaribe, entre las que se encontraban una cierta flexibilidad para recibir los ingresos relacionados con la operación y el mantenimiento.

De forma sistemática, las peticiones fueron negadas por el Ejecutivo, que se limitaba a exigir al principal accionista de Electricaribe que cumpliera con sus compromisos de inversión. Además, también negaba de forma reiterada que los problemas financieros de Electricaribe se debieran a la mora y el fraude y sí los relacionaba con una fallida gestión por parte del grupo español.

Valoración al mínimo

Sin embargo, las autoridades colombianas pudieron comprobar de primera mano la imposibilidad hacer viable la compañía sin tomar medidas adicionales mientras buscaban un comprador, algo que aun no han logrado. Pese a que se han destinado partidas extra de dinero público para reforzar la situación financiera de Electricaribe, finalmente el regulador ha tenido que tomar cartas en el asunto con la medida que, en su día, se le negó a Naturgy.

Una circunstancia de la que el grupo que preside Francisco Reynés podría sacar provecho en el proceso de arbitraje. Por el momento, lo que ha hecho Naturgy ha sido reducir prácticamente al mínimo el valor en libros de su participación en Electricaribe, hasta los 28 millones de euros, a la espera de la resolución del Uncitral.

Tras la intervención de la comercializadora eléctrica, Naturgy procedió a registrar una valoración de 425 millones de euros, que ha ido ajustando a la baja conforme la situación de Electricaribe se ha ido deteriorando con el paso del tiempo.