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La Cámara alerta de los efectos administrativos y penales de remunicipalizar

Presenta un “estudio jurídico abstracto que no habla de casos concretos” para defender que la legislación europea no da margen para fundamentar estas decisiones en cuestiones ideológicas

05.07.2017 13:51 h.
6 min
José María Gimeno Feliu (c), presidente de Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón; Xavier Carbonell (d), director gerente de la Cámara de Comercio de Barcelona; y Joan-Francesc Pont, presidente de la comisión de asuntos jurídicos y fiscal

La Cámara de Comercio de Barcelona irrumpe en el debate sobre la remunicipalización de servicios públicos que se ha convertido en bandera de la nueva izquierda en España. Presentan este miércoles por la tarde en la Casa Llotja de Mar un documento en el que alertan de las consecuencias administrativas y penales de iniciar estos procesos en base a una opción ideológica.

El interés público y su satisfacción con la colaboración público-privada es un “estudio jurídico abstracto que no habla de casos concretos”, en palabras de José María Gimeno Feliu, presidente del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón y director del Observatorio de la Contratación Pública. El catedrático ha firmado el documento junto a Pascual Sala, que llegó a presidir el Tribunal Supremo, el CGPJ y el Tribunal Constitucional; y Gonzalo Quintero, catedrático de derecho penal, académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y vocal permanente de la Comisión General de Codificación.

Marco jurídico europeo

Figuras con una larga trayectoria que ponen sobre la mesa la vertiente legal del debate. El marco jurídico vigente en la Unión Europea que defiende la colaboración público-privada por principio, igual que la organización de dinamización empresarial que ha encargado la publicación.

Gimeno remarca el cambio legislativo que impuso Bruselas al vetar que se pudiera finalizar una concesión por criterios ideológicos. Es decir, una expropiación por la vía de la urgencia prevista en la ordenación española anterior. Se opta por una postura garantista ante unos contratos a largo plazo por la seguridad jurídica que requieren las inversiones en la economía postcrisis.

“No le gusta que por criterios políticos se deshagan o hagan cosas que pongan en riesgo inversiones” y en última instancia el “crecimiento económico y la estabilidad política de un país”.

Contrato de la limpieza viaria de Huesca

Ahora, se debe justificar cómo mejorará el servicio con el nuevo modelo de gestión que se imponga. Con un apunte que no es menor: no se puede basar sólo en una cuestión económica. Y aquí es donde han fallado hasta el momento las remunicipalizaciones que se han emprendido en España.

La última la firma el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón que preside Gimeno. Anuló este martes el proceso que inició el Ayuntamiento de Huesca, dirigido por Luis Felipe Serrate (PSOE), para remunicipalizar el servicio de limpieza viaria de la ciudad. “Usaban técnicas jurídicas que no eran las correctas”.

Expropiación con pago de justiprecio

Gimeno reconoce que “no es fácil que el gestor político conozca todas las reglas jurídicas” vigentes. Su objetivo es aportar luz en esta parte más compleja del debate. Alerta de los fallos por la vía administrativa y los que pueden acabar en la vía penal por “delito de coacciones, prevaricación o usurpación”.

El objetivo de los autores no es amenazar con el destino ni las implicaciones personales de los impulsores de los procesos. Pero exigen el cumplimiento de unas normas que fijan los supuestos en los que se puede expropiar una concesión.

En el caso de los ayuntamientos, requiere del “acuerdo de la comunidad autónoma y del pago de un justiprecio pactado”, una cuestión que no está sobre la mesa en el momento actual.

Depuración conceptual del debate

“El debate de la gestión pública-privada necesitaba depuración conceptual”, sentencia el autor. Defiende que se debería hablar de “rescate de servicios” en lugar de “remunicipalizar, una palabra que no está en al RAE”.

Recuerda, asimismo, que existen argumentos de todo tipo para defender o rechazar las concesiones públicas pero que la legislación vigente reclama que el interés real del ciudadano prevalga sobre cuestiones ideológicas.

Joan Francesc Pont, presidente de la comisión de asuntos jurídicos y fiscales de la Cámara, añade que la institución defiende la colaboración público-privada y la seguridad jurídica. “Y si por algún motivo excepcional el vínculo contractual se debe extinguir, se debe hacer en condiciones conocidas, equitativas y no perjudiciales ni dañosas para ambas partes”. Unos principios que propiciaron el encargo del informe jurídico publicado. 

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