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La Casa Llotja de Mar, el edificio histórico de la Cámara de Comercio de Barcelona, la institución cuyas elecciones toman el camino de la impugnación / CG

El TSJC decidirá si las elecciones camerales catalanas vulneraron derechos fundamentales

Tusquets, Masià y otros 20 electores denuncian incumplimientos con la comunidad china y pakistaní y piden a Chacón que retrase la constitución del pleno de Barcelona

14.06.2019 13:23 h.
8 min

Las elecciones a las Cámaras de Comercio catalanas ya están ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Carles Tusquets, Ramón Masià y otra veintena de electores y candidatos de epígrafes han instado un recurso de protección jurisdiccional de vulneración de derechos fundamentales ante la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal.

Fue presentado hace dos semanas y aún no ha sido admitido a trámite, ha detallado Mercedes Cuyás, la socia del despacho Maresca que coordina la estrategia legal de los denunciantes. La más destacada es la “discriminación por razones indirectas” que asegura que han sufrido los empresarios y autónomos de origen chino o pakistaní. La letrada ha señalado que el único requisito para ser elector era la titularidad de un Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), “no requiere la nacionalidad”. Entiende que mientas estuvieran en el censo de la organización empresarial podían participar, pero no “tenían la obligación de conocer el idioma nacional, ni el catalán ni el castellano”.

Voto secreto

Algo que consideran que es clave en el proceso electoral impugnado, ya que la validación de 855 votos se hizo a través de llamadas telefónicas y correos que el auditor realizó a los votantes que los habían emitido. Cuyás ha tildado de “demencial” que AGTIC Consulting terminase los comicios de este modo. Señala que Scytl, la tecnológica que habilitó la plataforma electoral, vulneró el principio básico de que el voto sea secreto al permitir vincular a los electores con sus papeletas electrónicas y que existió una “ventana” en la que se permitió conocer el sentido del mismo.

Mercedes Cuyás, socia del bufete Maresca / CG
Mercedes Cuyás, socia del bufete Maresca / CG

Esto se produjo, según su explicación, porque al validar y quitar después los votos dudosos (y que fueron anulados en su mayoría) se podía comprobar cómo alteraban los resultados electorales en los 45 epígrafes que se sometieron a elección pública. La letrada afirma que así se reconoce en la “pseudoauditoría que se ha realizado” y que justifica el “baile de cifras de las votaciones” que se produjeron en los días siguientes del fin de las elecciones camerales.

Recurso ante la consejería

Todo ello forma parte de otra acción legal paralela, la que se ha instado en el recurso de alzada presentado ante el Consejo General de Cámaras de Comercio, el órgano que regula las 13 organizaciones de dinamización empresarial catalana, y ante la consejería de Empresa y Conocimiento, liderada por Àngels Chacón (JxCat) y que tutela todo el proceso electoral.

De hecho, el departamento deberá responder a la demanda de medidas cautelares que se incluye en el recurso de alzada a la Generalitat. En ella, se pide que se aplace el pleno de constitución que está convocado el próximo lunes a las 10 de la mañana en Barcelona. Será en esta sesión cuando Miquel Valls pase el testigo al líder de Eines de País, Joan Canadell, para que se convierta en el próximo presidente de la Cámara de Comercio. Posteriormente, se votarán los miembros de la comisión ejecutiva, todos ellos del equipo independentista que goza de una mayoría en el plenario de la organización.

Ocho vocalías en duda

Es en esta institución empresarial donde se concentran las demandas porque es dónde corresponden el grueso de los votos anulados. Cuyás calcula que si se aceptaran cambiara de sentido el resultado de ocho vocalías, hecho que podría alterar el equilibrio de las mayorías en la organización empresarial.

La consejera Àngels Chacón (c), junto a la secretaria general del departamento, Marta Felip, y un directivo de AGTIC Consulting, Raül Rabionet, en la valoración de los resultados de las elecciones a la Cámara de Comercio de Barcelona / CG
La consejera Àngels Chacón (c), junto a la secretaria general del departamento, Marta Felip, y un directivo de AGTIC Consulting, Raül Rabionet, en la valoración de los resultados de las elecciones a la Cámara de Comercio de Barcelona / CG

El recurso de alzada también contempla que se repita todo el proceso electoral, aunque la letrada mantiene que si no se aceptara esta parte se debería dar más tiempo a la puesta en marcha de la nueva legislatura en la Cámara de Comercio. Como mínimo, hasta que no se resolviera la demanda sobre los derechos fundamentales.

Otras denuncias de vulneración de derchos

Esta medida se contempla en ciertos procedimientos de urgencia como un desahucio, indican fuentes jurídicas. El último caso mediático en el que se instó fue en la resolución del contrato de Aigües Ter Llobregat (ATLL) en enero. El consorcio liderado por Acciona llevó a la Generalitat ante la misma Sección de lo Contencioso-Administrativo y le reclamó el amparo adicional que se brinda para garantizar sus derechos económicos al perder la gestora del agua. Defendió que el Gobierno catalán había actuado de forma confiscatoria, aunque los magistrados del TSJC rechazaron su petición al considerar que no se trataba de la iniciativa legal pertinente para conseguir su objetivo.

Cabe tener en cuenta que en muy pocas ocasiones la instan personas jurídicas, algo que en la demanda actual no se repite. La promueven electores y candidatos a título individual. Además de señalar que se habría vulnerado el derecho al voto a los colectivos de empresarios extranjeros también se afrima que ha habido una vulneración en la “igualdad en el acceso de los órganos de gobierno de la Cámara” y que ha existido un “trato diferenciado entre el votante remoto y el presencial”, ya que todos los votos que se han anulado corresponden al primer grupo.

84% de los votos en remoto

El 84% de los más de 18.000 votantes de las elecciones camerales usaron esta vía para participar en los comicios. La socia de Maresa asegura que la falta de “autenticación robusta” llevó a que el auditor pusiera en duda cuando desde una misma IP se emitían ocho votos o más y que la mayoría fueron anulados tras las comprobaciones telefónicas o por correo electrónico correspondiente.

Ambos recursos siguen su curso. El Consejo de Cámaras de Comercio ya ha señalado que lo estudia y reconoce que no dispone de un tiempo exacto para contestar.