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Imagen del Parlamento Europeo de Estrasburgo en la sesión en que se ha aprobado la directiva para definir los derechos de autor, la del copyright / EFE

Bruselas deja en manos de los Estados definir los derechos de autor

Serán los estados miembro los que deberán decidir cómo filtran los contenidos plataformas como Facebook o Google en la directiva del copyright

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438 votos a favor, 226 en contra y 39 abstenciones. Este ha sido el resultado de una decisión capital que ha tenido lugar este miércoles en el Parlamento europeo y que da el pistoletazo de salida a que en los 28 se regulen los derechos de propiedad intelectual. La directiva del copyright ha echado a andar tras un primer rechazo de la Cámara comunitaria en julio y una fuerte contestación del sector.

No se trata de una cuestión menor. Entre los grandes objetivos que se fijan en un texto muy técnico que hoy ha bendecido la mayoría de los eurodiputados están cuestiones como obligar a grandes plataformas como Netflix a fijar un mínimo de contenidos de producción propia local, explican desde la institución. O se obligará a gigantes como Facebook, Google o subsidiarias suyas como Youtube o Instagram a tener un papel activo en la vigilancia de la propiedad de los contenidos que comparten sus usuarios. Ya no podrán alegar más que son meros contenedores de información.

Dudas del sector

Los mismos interlocutores aseguran que este miércoles se ha dado un paso “importante en la defensa de la calidad democrática” en cuanto a blindaje de los derechos de creación. El portavoz de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, ha asegurado en un encuentro con los medios que en la votación de julio “las plataformas marcaron un gol a la democracia”, la situación que ahora se ha revertido.

Aunque la iniciativa no se ha recogido de forma tan optimista entre todos los implicados. Incluso desde dentro del Parlamento se critica que bajo el paraguas de esta norma se puedan llegar a eliminar de las redes sociales los vídeos que un fan ha filmado durante un concierto, por ejemplo, u otro tipo de contenidos que están en los límites de la discusión sobre la propiedad intelectual.

Revisión de los artículos más polémicos

De hecho, para propiciar el cambio de signo de la Cámara, la Comisión se ha visto obligada a modificar los dos artículos más polémicos de la iniciativa. El 11 y el 13 del redactado por las dudas que generaban sobre el copyright cuestiones como, por ejemplo, el llamado text and data mining. La minería de datos, la fórmula que se usa para analizar a través de programas informáticos toda la información que se incluye en los mensajes que se compartan en estas plataformas. Un sistema con un enorme valor comercial si se le permite dar este uso. 

¿Ha convencido a los escépticos? Por ahora, no. Entre los representantes catalanes en el Parlamento ha propiciado que Ernest Urtasun (ICV) y Ramón Tremosa (PDeCAT) mantuvieran su posición negativa; Jordi Solé (ERC) se ha abstenido y Javi López (PSC), Santiago Fisas (PP) y Javier Nart (Cs) han apoyado la propuesta. Este último con una crítica añadida: “No servirá para nada, continuaremos con el expolio de las grandes plataformas en otros países”.

Debate en los Estados

Más allá de esta reflexión, los grupos como Facebook o Google habían generado un trabajo de lobby muy importante en los últimos meses para enterrar la propuesta. Sus defensores aférrimos recuerdan que no entrará en vigor de forma inmediata. El contenido se debatirá ahora entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo Europeo, los encargados de emitir las conclusiones finales.

Aunque estas tampoco entrarán en la parte más delicada de la cuestión, qué directrices se dan a las plataformas tecnológicas para realizar el filtraje de los contenidos. Esta será la potestad de los Estados miembros tras la aprobación de la directiva comunitaria. Deberán definir “cómo aplicar este control”, según los mismos interlocutores de la Comisión.

Europa ha dado el primer paso para regular los derechos de la propiedad intelectual. Incluso los que la respaldan se muestran poco optimistas de que complete la tramitación burocrática comunitaria antes del fin de la la legislatura en curso.