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Josu Jon Imaz (izq.), consejero delegado de Repsol, y Antoni Brufau, presidente, en la junta de accionistas de la compañía / EP

Brufau acusa al Gobierno de apostarlo todo por la electrificación

El presidente de Repsol considera que la Ley de Cambio Climático “confunde la descarbonización con la electrificación” y reclama una mayor colaboración público-privada

6 min

Respol ha hecho los deberes y muestra su “compromiso” por la transición energética, pero reclama que ese proceso se haga de forma “ordenada”. Es la apuesta del presidente de la compañía, Antoni Brufau, ante la junta de accionistas, al considerar que el Gobierno está cometiendo errores. Brufau acusa al Ejecutivo de apostarlo todo por la “electrificación” y entiende que el error consiste en “confundir la descarbonización con la electrificación”.

Esa apuesta, que se refleja en el texto de la Ley de Cambio Climático, que se tramita en el Congreso, puede condenar al “fracaso” a todo ese proceso que promueve la Comisión Europea sobre la transición energética. Brufau ha defendido esa transformación de la energía, pero con el convencimiento de que los combustibles líquidos serán necesarios en las próximas décadas y que no se puede plantear un proceso rápido que podría ser inefectivo y que responde, de hecho, a un error “a veces interesado”.

Sin tener las manos atadas

La apreciación de Brufau la corroboró el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, al destacar el plan previsto de inversiones de la compañía, que ascienden a 18.300 millones de euros para los próximos cinco años. El 30% de los proyectos que se prevén son bajos en carbono, y representan “un hito crucial” en la transformación que la compañía inició hace unos años. “El plan nos permite convertirnos en una empresa más fuerte, más rentable y competitiva”, a juicio de Imaz. En ese plan se cuenta con proyectos que podrían apoyarse en las inversiones del fondo europeo, Next Generation.

Lo que los dos altos directivos de Repsol constatan, sin embargo, es que el Gobierno, con la ministra de Transición ecológica, Teresa Rivera, a la cabeza, es que existe un “prejuicio ideológico, un dogmatismo, que debería dejarse de lado”. Es decir, Repsol reclama que los ejecutivos “marquen las reglas de juego”, pero que se deje a las compañías privadas el margen necesario para fijar un proceso de descarbonización posible. “Que no nos obliguen a buscar soluciones con las manos atadas”, en palabras de Brufau, que ha reiterado que no se puede “demonizar a los combustibles fósiles”.

Desarrollo normativo "sesgado"

Como alternativas y en las que trabaja Repsol, están los biocombustibles, los sintéticos, el hidrógeno verde o azul. Según Brufau, la industria en su conjunto no puede prescindir de los combustibles líquidos, que serán necesarios todavía durante bastantes años.

Ante esa situación, la cúpula de Repsol considera que el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), que ha propuesto el Gobierno para repartir entre todos los implicados las cargas del recibo de la luz por el desarrollo en el pasado de las energías renovables, peca de un “desarrollo normativo sesgado”, y que perjudica a los consumidores. “Supone una importante y arbitraria barrera para la competitividad y el futuro de la industria”, ha reiterado Brufau.

¿Y qué paga el sector eléctrico?

¿Por qué? Brufau ha explicado ante los accionistas de Repsol  que el sector de los combustibles hace frente a cargas fiscales como ningún otro, al pagar 200 euros por cada tonelada emitida, lo que supone una contribución de cerca de 11.000 millones de euros a través del impuesto de Hidrocarburos. A juicio de Brufau, el sector eléctrico debería hacer frente también a sus responsabilidades por las centrales de carbón que sigue utilizando.

Todo ello perjudica a la “industria”, que debería ser el sector que más se beneficie en estos momentos para poder salir de la crisis con más vigor. “Para salir de la crisis por la pandemia deberíamos tener más porcentaje de industria, sobre nuestro PIB, y más puestos de trabajo y no más precariedad”, ha remachado Brufau.

La Junta de Accionistas ha aprobado un dividendo de 0,30 euros por acción con cargo a los beneficios del ejercicio 2020, y cuyo pago tendrá lugar a partir del 7 de julio de 2021. Un accionista ha pedido que la compañía mantenga sus acción de autocartera, y que se espere a que “el mercado trate mejor a la empresa”, con la esperanza de que la salida de la crisis haga aumentar el precio de las acciones.