Ana Patricia Botín, presidenta del Banco Santander, durante la junta general de accionistas de 2018

Ana Patricia Botín, presidenta del Banco Santander, durante la junta general de accionistas de 2018

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Botín ve las orejas al lobo y asume 'riesgos ocultos' en la compra del Popular

El Santander reconoce que no verificó la veracidad de la información y que, a la vista de lo comprobado, algunas estimaciones podrían ser “inexactas, incompletas o incorrectas”

4 julio, 2018 00:00

Un año después de adquirir el Banco Popular, el Banco Santander alberga serias dudas de que se puedan lograr las iniciales previsiones de generar ahorro de costes de unos 500 millones de euros anuales a partir de 2020, un retorno sobre la inversión del 13% y un aumento del beneficio por acción ya en 2019.

“Es posible que el Santander haya sobrevalorado dichas sinergias o que éstas no lleguen a materializarse”, asume la entidad presidida por Ana Botín en una comunicación que acaba de remitir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Información no verificada

Es uno más de los reconocimientos que realiza, en ese documento, sobre la apresurada compra del Popular, por un euro, el 7 de junio de 2017.  Algo que pone de manifiesto al asegurar que el Santander “no verificó de forma independiente la exactitud, veracidad e integridad de la información recibida”.

Como consecuencia de esta urgencia en la compra, y a la vista de los documentos recabados en los cajones del Popular, el Santander llega a la conclusión de que “no puede descartarse que la información facilitada contuviera errores u omisiones”, y que, por ello, “algunas de las estimaciones con las que el Santander adquirió el Popular podrían ser inexactas, incompletas o incorrectas”.

Previsiones en entredicho

De esta manera, se pondrían en entredicho los positivos números iniciales que el Santander puso sobre la mesa hace un año, y también esos otros --todavía mejores-- de analistas de postín, como los de Morgan Stanley, que no dudaban en elevar el ahorro de costes anual, de 500 a 725 millones, derivado en buena medida por el cierre de más de 800 oficinas del Popular.

Y, a la vista de lo detectado hasta ahora, en los próximos meses el Santander teme toparse más agujeros negros en la herencia recibida del Popular. “No se puede descartar que encontremos activos deteriorados, riesgos desconocidos y pasivos ocultos, o situaciones que actualmente son desconocidas, y que podrían resultar en contingencias materiales no cubiertas por las previsiones actuales”, reconoce resignada la entidad presidida por Botín.

Incierto alcance de los pleitos de los accionistas

Bajo esta incertidumbre, el reguero de los pleitos presentados por los accionistas del Popular es uno de los aspectos que más preocupa al equipo dirigido por Botín. De momento, el coste estimado potencial de estas compensaciones se cuantificaba, hasta el cierre del ejercicio 2017, en 680 millones, de los que 535 se habían aplicado a los accionistas que se acogieron a la acción comercial de fidelización promovida por el Santander.

El banco lanzaba esta operación para que los clientes del Popular, que también eran accionistas, pudieran recuperar hasta el 100% de lo que invirtieron dentro de siete años. La emisión de los bonos fue cubierta al 78%, por unos 765 millones. La aceptación de esta oferta conllevaba la renuncia a presentar acciones legales futuras contra el Santander.

Efectos adversos de compensaciones por pleitos

De esta manera, solo quedarían 145 millones para afrontar futuros pagos. A todos luces insuficiente, como deja entrever el banco al señalar que “en el supuesto de tener que abonar compensaciones adicionales podría producirse un efecto adverso significativo en los resultados y en la situación financiera del grupo”.

En torno a estas reclamaciones, el Santander se muestra muy cauto y cree que todo está en un “fase muy preliminar” y, por ello, “no es posible anticipar la totalidad de las pretensiones concretas que se harían valer, ni sus implicaciones económicas”, apunta la entidad financiera en el folleto continuado remitido al regulador.

En este contexto, el banco considera que el resultado de los procedimientos judiciales es “incierto”, especialmente en casos de “reclamaciones de condenas dinerarias por una cuantía indeterminada, fundamentadas en cuestiones jurídicas sobre las que no existen precedentes y afectan a muchas personas”.

Aegon por Allianz para los seguros 

Al margen de estas incertidumbres, el Santander sigue con la hoja de ruta marcada para la total integración del Popular, con la vista puesta en poder eliminar definitivamente de las oficinas la marca Popular en 2019.

Así, este martes el banco presidido por Ana Botín anunciaba el acuerdo alcanzado con la aseguradora Aegon para los negocios de vida-riesgo y otros seguros generales, con lo que se pone fin a la histórica alianza mantenida por el Popular con Allianz. Aegon pagará 215 millones por adelantado y otros 75 al cabo de los cinco primeros años de vigencia del pacto.

Pasos dados para la integración

Antes, el Santander había dado los primeros pasos para avanzar en la integración y en la consecución de niveles de eficiencia óptimos. En esa línea se enmarcaba la reducción de la exposición inmobiliaria, con la venta al fondo Blackstone de la cartera de inmuebles adjudicados, créditos dudosos y otros activos relacionados con esta actividad.

También traspasaba el TotalBank, el banco comercial son sede en Florida (Estados Unidos), y, a finales de marzo, vendía al fondo Värde el 49% del banco digital WiZink. A cambio, recuperaba el negocio de crédito y débito del Popular.