Doble golpe contra Booking. El gigante del alquiler vacacional se enfrenta a serios problemas en España y Italia por presuntos agujeros fiscales que ahora deberá demostrar que no existieron o tapar. El metabuscador y agencia de viajes on line (OTA) con sede en Ámsterdam (Holanda) recaba datos a toda velocidad en la Península para cumplir con Hacienda. En el estado transalpino, la intermediaria ha encajado una investigación por 150 millones de IVA que presuntamente no pagó.
El último revés para la tecnológica lo ha dado a conocer Financial Times en su edición de hoy jueves, 15 de julio. Las instituciones fiscales italianas estarían realizando pesquisas para cerciorarse de si Booking hizo cambalaches fiscales para ahorrarse el pago de 150 millones de euros relativos al impuesto de valor añadido (IVA). La cuantía habría sido impagada en transacciones de alojamientos turísticos reservados en el portal vacacional entre 2013 y 2018. El pasado ejercicio, las mismas autoridades ya pidieron información a Holanda, donde se encuentra la sede de la firma, para aclarar el asunto. No obstante, la investigación no llegó a más. Ahora, Italia la recupera y podría imponer una multa a la puntocom.
Incumplimiento en España
Las pesquisas en Italia se suman a otro caso abierto en España. Booking ha enviado a toda velocidad requerimientos a los propietarios de sus 410.000 alojamientos en el país para que actualicen sus datos cadastrales y fiscales. Ello es una obligación que se debería haber cumplimentado mediante formularios número 179 de la Agencia Tributaria antes del 31 de enero de este año. La tecnológica no cumplió, igual que sí hicieron otras plataformas como Airbnb, y el fisco envió un requerimiento a la compañía para que lo hiciera, según avanzó Cinco Días.
Concretamente, la intermediaria vacacional pide a los anunciantes que aporten la identidad del titular de la vivienda o alojamiento; la dirección completa y referencia cadastral; los días de alquiler que ha estado reservada; el importe recibido como consecuencia de la actividad de alquiler vacacional y la fecha de inicio de la actividad. Dichos datos deben presentarse trimestralmente a la Agencia Tributaria por parte de los operadores. A su vez, los nuevos usuarios que se den de alta y empiecen a facturar deben comunicarlo por sí mismos.
Se expone a multas
La celeridad con la que Booking se ha dirigido a los usuarios de la plataforma --puso de plazo hasta el miércoles, 24 de julio, para enviar la información-- tiene otro ángulo. Si la tecnológica incumpliera el requerimiento enviado por la Agencia Tributaria se enfrentaría a sanciones que median entre los 20 y los 20.000 euros por cada dato no facilitado. En el caso de la multa más grave --que se impondría si la puntocom no enviara la información pese a la demanda de Hacienda-- ésta alcanza los 600.000 euros.
El varapalo al que se enfrenta la firma intermediaria de alquiler vacacional no es un hecho común en el sector. Desde que el Ministerio de Hacienda, por medio de la Agencia Tributaria, enviara miles de formularios a los propietarios de activos listados on line en 2017, la mayoría de plataformas han cumplido paulatinamente. Es el caso de Airbnb, que ha desplegado una doble estrategia para cumplir con el fisco. Por un lado, cerró un acuerdo con la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEAF) en 2018 para ayudar a los anfitriones a resolver dudas. Por otro lado, la tecnológica envía regularmente un documento a los anfitriones con los ingresos obtenidos a lo largo del año y un recordatorio de la obligación de declararlos.
