José Domínguez Abascal, secretario de Estado de Energía, hace balance del bono social que cubre la pobreza energética

José Domínguez Abascal, secretario de Estado de Energía, hace balance del bono social que cubre la pobreza energética

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El bono eléctrico cubre ya la pobreza energética de 2,4 millones de españoles

Desde la entrada en vigor del decreto que amplía las coberturas del bono social eléctrico se han suscrito 172.000 nuevos usuarios, y ya son casi un millón

23 noviembre, 2018 11:09

España tiene unos 4 millones de personas que sufren pobreza energética, cuyos recursos económicos escasos no les permiten la cobertura suficiente de electricidad en sus hogares. Para tratar de amortiguar el impacto de esta carencia, la acogida al bono social eléctrico es una solución.

Así, casi un millón de clientes están acogidos ya al bono social eléctrico, después de que en el último mes y medio se hayan suscrito 172.000 nuevos usuarios, según indicó este viernes el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal.

Dos millones en situación de pobreza sin atender

En la inauguración de la jornada El reto de la pobreza energética: causas y propuestas, organizada por la Fundación Naturgy y la Universitat de Barcelona, Domínguez subrayó que la pobreza energética no es "una situación que esté resuelta y se tiene mucho trabajo por delante", ya que más de cuatro millones de personas la sufren en España.

Así, el secretario de Estado señaló que se han recibido 1,3 millones de solicitudes para acogerse al bono social, de las cuales se han concedido casi un millón "en este momento", lo que permite dar cobertura a casi 2,4 millones de personas en situación de pobreza. "Pero nos quedan otros dos millones y el trabajo que tenemos por delante es grande", dijo.

Coberturas ampliadas

El pasado 5 de octubre, el Gobierno aprobó, mediante un real decreto-ley, un plan de medidas para ampliar las coberturas del actual bono social eléctrico, incluyendo a las familias monoparentales y recogiendo la prohibición de cortar el suministro en los hogares acogidos al bono social donde viva al menos un menor de 16 años, y así como para abaratar la factura de la luz, ante la espiral alcista de los últimos meses en el precio de la electricidad.

Desde la entrada en vigor de la nueva normativa, que amplía las coberturas del anterior bono social eléctrico, Domínguez destacó que el ritmo al que se está accediendo a esta protección para los consumidores vulnerables "es importante", con esos 172.000 nuevos clientes suscritos en el último mes y medio. El plazo para acogerse al bono social eléctrico para aquellos consumidores acogidos al antiguo, que con la anterior normativa expiraba el pasado mes de octubre, se amplió hasta el próximo 31 de diciembre.

No se puede cortar la luz en casas con menores

A este respecto, valoró que desde la llegada del Gobierno del PSOE afrontar el problema de la pobreza energética ha sido prioritario y con este real decreto-ley se han afrontado "algunas cuestiones de urgencia". "Ya no se puede cortar la luz en España en una vivienda donde no hay capacidad económica o habitan menores", destacó.

Asimismo, invitó a participar en la tramitación del real decreto-ley a Ley, ya que es el momento "para introducir algunos elementos adicionales", y destacó también que el objetivo es cumplir con el mandato recogido en la normativa de que en seis meses, antes del mes de abril, esté redactada una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética.

"Es algo que el Gobierno y el Ministerio para la Transición Ecológica tienen presente, nos hemos puesto como una obligación y esperamos y pedimos la cooperación en esta definición de toda la estrategia", añadió al respecto.

Registro único de familias vulnerables

Por su parte, el director general de la Fundación Naturgy, Martí Solá, destacó que la pobreza energética es "una manifestación de la pobreza en general" y consideró necesario el trabajo conjunto de empresas, administraciones y agentes sociales para mitigarla.

A este respecto, Solá señaló la necesidad de eliminar las barreras burocráticas existentes en su gestión para que la productividad de los servicios sociales "sea más alta" y pidió la creación de un registro único de familias de clientes vulnerables.