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Productos de la marca Bimbo-Donut en un supermercado

Bimbo y los sindicatos acuerdan las condiciones del ERE sobre 290 repartidores

UGT, CCOO y AITB cierran un plan de indemnizaciones de 33 días por año trabajado mientras aseguran que "se minimizará" el número de despidos

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Acuerdo entre Bimbo y los sindicatos sobre las condiciones del expediente de regulación de empleo (ERE) que afecta a 290 trabajadores del área de reparto. UGT, CCOO y AITB han anunciado este miércoles el consenso alcanzado sobre el plan de la compañía bollería industrial para reorganizar su red comercial en España tras la caída de las ventas de los últimos años.

Aunque por el momento no se ha alcanzado un acuerdo sobre el número de trabajadores que finalmente resultarán afectados, UGT ha señalado en un comunicado su “convencimiento” de que la cifra “se minimizará en un número por concretar”.

Indemnización de 33 días

Las condiciones acordadas incluyen una indemnización de 33 días por año trabajado para aquellos empleados de entre 50 y 57 años. Asimismo, se ha fijado el 95% de la retribución anual hasta los 64 años y tres meses; el 90% hasta los 63 años y seis meses; y del 85% hasta los 62 años y seis meses.

El acuerdo llega después de que el pasado octubre Bimbo presentara un ERE para modificar su estructura de reparto y reducir costes tras las pérdidas económicas de la empresa. La compañía ha acusado en los últimos tiempos una caída de las ventas por el empuje de las marcas blancas de bollería. El objetivo pasa por reestructurar el servicio en favor de los llamados trade, autónomos económicamente dependientes, que sería el nuevo estatus que pasarían a tener los repartidores.

Acusaciones entre sindicatos

Además, el proceso de negociación ha estado marcado por las acusaciones entre los sindicatos CCOO y UGT por la firma de un nuevo convenio promovido entre este último y la empresa que, según criticaba comisiones y ATA, repercutiría en mayor carga de trabajo para los autónomos.

Por otra parte, a finales de octubre UGT denunció a Bimbo ante la Inspección de Trabajo por “prácticas de mala fe”. El sindicato acusó a la empresa de haber comunicado “unilateralmente” a un grupo de 51 trabajadores la extinción de sus contratos de trabajo.