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El empleado de un matedero, una actividad cuya precariedad laboral ha acabado en una comisión tripartita entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos UGT y CCOO / EFE

Batalla contra la precariedad laboral en los mataderos

Los sindicatos se ponen en pie de guerra contra una industria que sacrifica cada año 242 millones de reses y es la cuarta por impacto en el PIB del país

30.07.2018 00:00 h.
6 min

La firma esta semana del acuerdo laboral para pasar al régimen general a 1.200 empleados de mataderos del Grupo Jorge ha marcado un punto y aparte en el sector. Ha dado alas a los sindicatos para doblar la presión y exigir a la cuarta industria por peso en el PIB de país que deje de contratar al personal de las salas de despiece a través de cooperativas que tildan de falsas. “Se debe acabar con las subcontrataciones y la precarización de los empleos”, señalan.

Pero a diferencia de otros colectivos cuyas condiciones se han depreciado con la crisis, en la industria cárnica este tipo de organización se arrastra desde hace años. Servicarne es una de las cooperativas que están en el foco de los representantes de los trabajadores y acumula 41 años de actividad.

Actas de Inspección de Trabajo

Sus portavoces han emitido esta semana un comunicado en el que se defiende que los más de 5.000 socios en activo trabajan “con la más estricta y rigurosa legalidad”. Aunque la Inspección de Trabajo y Seguridad Social lo puso en duda en un acta que levantó en la empresa Hermanos Rodríguez Barbancho, dedicada a básicamente a la producción de jamones y paletas de cerdo en Córdoba a finales de julio. Tras una denuncia de UGT, certificó que había falsos autónomos de la cooperativa en la compañía.

La responsable del sector de Alimentación, Bebidas y Tabaco de UGT, Alicia Buil, y su homólogo en CCOO, Jesús Ribera, con la convocatoria de huelga de Grupo Jorge / UGT

La responsable del sector de Alimentación, Bebidas y Tabaco de UGT, Alicia Buil, y su homólogo en CCOO, Jesús Ribera, con la convocatoria de huelga de Grupo Jorge / UGT

Según explican fuentes conocedoras, se espera repetir pactos como el que se ha alcanzado en Grupo Jorge en otros gigantes del sector para después forzar a las pymes a contratar a los empelados de los mataderos. En Cataluña, el foco está puesto ahora en la firma Vall Companys.

División sindical

Con todo, la firma del acuerdo para regularizar el empleo y acabar con la política de subcontratación también ha provocado tensión entre las dos organizaciones sociales más representativas. UGT, que ostenta la mayoría en el sector cárnico, se ha desmarcado del pacto por la vinculación del acuerdo con “permisos urbanísticos con el Ayuntamiento de Berga”, explica la responsable del sector de Alimentación, Bebidas y Tabaco del sindicato, Alicia Buil. Considera que es inaudito y que no se debería aceptar, ya que sienta un precedente.

La tensión entre organizaciones no ha llegado a la negociación del convenio estatal del sector de las industrias cárnicas. CCOO, UGT y CIG mantienen por el momento la unidad de acción sindical frente a las patronales Anice, Decic, Anfric, Anagrasa y Agemcex.

Sector

La polarización de organizaciones empresariales muestra la complejidad en la organización del sector. La industria ganadera es la cuarta de España y en Cataluña cuenta con una incidencia incluso mayor. En términos de producción, en 2012 ocupaba la primera posición en volumen de negocio (24.337 millones de euros) seguida de la química, la energía y la automoción. Se trata de los últimos datos publicados por la Fundació Catalunya Europa.

Imagen de archivo de un trabajador de un matadero en España, un sector que denuncia la precariedad laboral y el abuso de falsos autónomos / EFE

Imagen de archivo de un trabajador de un matadero en España / EFE

El Idescat indica en su última fotografía sectorial que en Cataluña se sacrificaron 241,96 millones animales en 2016. O, lo que es lo mismo, 2,3 millones de toneladas de aves, equino, porcino, cabruno, ovino y bovino que se destinan principalmente al consumo directo (1,56 millones de toneladas). Las 769.500 toneladas restantes se dirigieron al consumo industrial.

Acuerdo estatal

Los dos sindicatos mayoritarios reconocen que sí que existen cooperativas legales, pero aseguran que son la minoría. Explican que se intenta arrancar al Gobierno un compromiso para reformar la ley que afecta a esta tipología de empresas y que evite la degradación laboral que aseguran que se vive en el sector. Señalan que en los casos más extremos se ha llegado a la contratación por días de la plantilla, a la que se exigía usar sus propias herramientas.

Igualmente, avisan de la competencia desleal entre comunidades. Que se fomente la fuga de empresas en territorios que sean menos estrictos en la regulación y perpetúen la subcontratación de este tipo. Los sindicatos anuncian mano dura contra este tipo de compañías. Esperan que las Administraciones, tanto la central como las territoriales, tengan un cuenta sus reivindicaciones.