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La alcaldesa de Barcelona Ada Colau, durante un pleno municipal / CG

Barcelona quiere regular los precios del alquiler de pisos

El ayuntamiento pedirá al Gobierno central la fijación de topes para evitar “subidas indiscriminadas” y nuevas burbujas inmobiliarias

Redacción
01.07.2016 19:00 h.
3 min

El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado la reclamación al Gobierno central de la regulación del precio del alquiler de pisos. La proposición, presentada por el grupo municipal de Barcelona En Comú, ha conseguido los apoyos de las demás fuerzas, a excepción del PP, que ha votado en contra, y de Ciutadans, que se ha abstenido.

El objetivo de esta iniciativa es evitar las “subidas indiscriminadas” y nuevas burbujas inmobiliarias en la ciudad, donde el precio de los alquileres ha subido un 18% en el último año. Los topes se impondrían según el barrio y las características de los inmuebles, para que los costes se adecuen a la renta media de los vecinos de cada zona.

La proliferación de pisos turísticos sin licencia, el aumento de la demanda y el estancamiento de la oferta han convertido Barcelona en la ciudad más cara de España para vivir de alquiler.

Ejemplos europeos

La propuesta sigue el modelo de otras ciudades europeas en las que se han promovido iniciativas similares. Una es París, donde se estableció una renta máxima para cada distrito, de entre 22 y 31 euros al mes por metro cuadrado. Los caseros pueden pedir un precio que como máximo puede superar el 20% del estipulado para su zona.

Características especiales como tener terraza, buenas vistas y portero físico permiten saltarse la norma. Berlín es el otro ejemplo que ha seguido el consistorio que lidera Ada Colau. Allí, hace un año que el precio de los nuevos alquileres no puede aumentar por encima del 10% respecto a los de las viviendas equivalentes en la zona.

Competencia del estado

La ley estatal de arrendamientos urbanos es la que se tendría que modificar para hacer posible esta limitación de los precios. Es por esto que el ayuntamiento insta al Gobierno central a hacerlo posible. Asimismo, pide a la Generalitat que promueva cambios normativos en materia de vivienda para que contribuya a evitar los incrementos en las rentas.

El grupo municipal de Ciutadans, que se ha abstenido en la votación, considera que el ayuntamiento sí tiene algunas competencias en este asunto, como la regulación del IBI. Desde ERC han aplaudido la proposición, pero también han puesto el foco en otros temas, como la necesidad de ampliar los mecanismos de detección de pisos vacíos, terminar con los apartamentos turísticos ilegales y aumentar el parque de viviendas sociales.

En este sentido, el equipo de gobierno ha anunciado que cederá suelo para construir 747 pisos públicos.