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Una de las oficinas de Banco Popular tras su venta al Santander / EFE

Los minoritarios del Popular plantean pedir responsabilidad patrimonial a Estado

B Cremades y Asociados abre la puerta a reclamar una indemnización por la defensa del Gobierno y del Banco de España de la solvencia de la entidad antes de su liquidación

24.08.2017 18:51 h. Actualizado: 02.04.2019 19:34 h.
4 min

B Cremades y Asociados, el bufete que defiende a los minoritarios de Banco Popular, plantea reclamar la responsabilidad patrimonial al Estado por la resolución y la posterior venta de la entidad al Santander. El despacho defiende que han existido una “serie de irregularidades” que justificarían la indemnización pública.

Bernardo Cremades Jr, socio del despacho, recuerda que tanto el Gobierno como el Banco de España defendieron la solvencia del Popular antes de su quiebra. Unas afirmaciones públicas que iban seguidas, según el relato del letrado, de las retiradas de depósitos destacables.

Activación de líneas de liquidez

Además, existiría el “agravante” de que el regulador presidido por Luis María Linde no extendiese las líneas de liquidez de emergencia (ELA por sus siglas en inglés) para evitar el colapso de la entidad. Un salvavidas que estaba dotado con 40.000 millones de euros en activos susceptibles de ser presentados como colateral.

“Por un lado retiraban liquidez y por el otro no la extendían, por lo que explotamos la posibilidad de iniciar acciones legales por responsabilidad patrimonial del Estado”, indica.

Dos vías para la demanda

El despacho se basa en el “principio de unidad de la Administración”. La demanda se podría efectuar por dos vías. El arbitraje internacional para los inversores (todos cuyo país de origen tenga tratado de protección en esta materia con España); o por la vía de lo contencioso-administrativo.

Esta alternativa sería la misma para todos los inversores que perdieron sus activos con la caída de Banco Popular. Sean españoles o extranjeros, incluso los que viven en países que no han llegado a un acuerdo comercial en este sentido. Una derivada importante si se tiene en cuenta el pool de accionistas de la entidad en el momento de la quiebra.

Primer recurso ante la Audiencia Nacional

B Cremades y Asociados dispone de un año desde el momento de la intervención, que tuvo lugar el pasado 7 de julio, para solicitar la responsabilidad patrimonial pública. No lo hará hasta que reciba el “expediente administrativo de la resolución”, según explica el bufete a Europa Press, para estudiar en detalle sus posibilidades.

Antes de tener acceso a esta información deberá presentar recurso a la Audiencia Nacional. Un proceso que se activará también por la vía de lo contencioso-administrativo y se dirige contra el Fondo de Resolución Ordenada Bancaria (Frob), la institución que ejecutó la decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) de Bruselas y vendió el Popular al Santander.

Esta parte de la demanda ya está argumentada. Los socios del bufete la presentarán el próximo 7 de septiembre.

Pulso con Bruselas

De forma paralela a sus actuaciones en España, B Cremades y Asociados ha recibido la negativa de la Comisión Europea de acceder a las versiones confidenciales de los informes que justificaron la caída del Popular. Los estudios del Bance Central Europeo (BCE) y el trabajo de valoración de Deloitte.

Bruselas justifica su decisión porque considera que la publicación de ambos documentos comprometería la estabilidad financiera de la Unión Europea. El despacho presentará un recurso a esta decisión.