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Uno de los ayuntamientos de Cataluña / EFE

Los ayuntamientos, pendientes del Gobierno tras el revés del impuesto de plusvalía municipal

El Tribunal Constitucional ha hecho extensiva a todo el territorio la sentencia que anuló en el País Vasco la tasa en las transmisiones que suponen pérdidas

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Los ayuntamientos todavía no han asimilado el revés de la sentencia del miércoles del Tribunal Constitucional (TC) sobre el impuesto de plusvalía municipal. Se trata de la tasa que se aplica a las transmisiones de propiedades, ya sea por herencia, venta o donación. Hasta ahora, los consistorios cobraban el impuesto siempre que un terreno urbano cambiaba de manos.

El fallo del TC hace extensiva una resolución en el País Vasco que anula la tasa en los casos en los que el valor de la propiedad en el momento de la transmisión es inferior al inicial. Aunque serán las cuentas de los consistorios los que notarán los efectos de esta modificación, es el Gobierno quien tiene que introducir cambios en la regulación para que cumpla con la sentencia.  

Nuevos baremos

“Es imprescindible que el Estado regule las indefiniciones de la sentencia”, indican portavoces del Ayuntamiento de Barcelona. Es en referencia a los nuevos baremos que tendrán que aplicar los municipios para calcular la plusvalía o la minusvalía de las transmisiones. En el segundo caso, no podrán cobrar el impuesto.

Pero la sentencia no solo tiene efecto sobre los nuevos impuestos sino que todos los que han pagado la tasa en los últimos cuatro años cuando en realidad no obtuvieron un beneficio, pueden reclamar que se les devuelva el importe. Desde el despacho Fornesa Abogados, el socio Albert Giralt indica que la forma más recomendada de proceder es presentar al ayuntamiento un procedimiento de ingresos indebidos.

La reacción de los ayuntamientos

“Falta por ver qué posición adoptarán los consistorios; lo más previsible ante una sentencia tan clara es que devuelvan el dinero”, considera Giralt. Una vez presentado el procedimiento, las administraciones locales tienen un plazo para dar respuesta. Si se cumplen seis meses de silencio administrativo, puede comenzar el proceso judicial. Los expertos del sector, sin embargo, no prevén esta situación.

El impacto en las arcas municipales será importante. Y es que el impuesto de plusvalía municipal es con el que recaudan más los ayuntamientos. En el caso de Barcelona, supone un 6% del total de ingresos fiscales. En 2015, ingresó 169,7 millones de euros. En L’Hospitalet de Llogrebat y Badalona, segunda y tercera ciudades más grandes de Cataluña, supone un 5% del total.

“No solo supone un problema tributario, sino que se plantea ahora cómo se suplirán la falta de ingresos y la devolución de ingresos indebidos”, indica Giralt. Desde el Ayuntamiento de Barcelona aseguran que “estamos estudiando el impacto de la sentencia” y consideran “imprescindible que el Estado presente las correspondientes medidas para compensar el impacto sobre los ingresos municipales”.