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Entrada en el Instituto Municipal de la Vivienda, la empresa del Ayuntamiento de Barcelona donde se ha originado el conflicto con Ombuds / CG

El Ayuntamiento de Barcelona enerva a la plantilla de Ombuds

Los trabajadores cargan contra el Instituto Municipal de la Vivienda y Rehabilitación por frenar la rescisión del contrato con la compañía quebrada

08.08.2019 00:00 h.
4 min

Los trabajadores de Ombuds en Cataluña han abierto otro frente por la reivindicación de sus derechos laborales. En esta ocasión, con el Ayuntamiento de Barcelona por su decisión de frenar la rescisión del contrato de vigilancia privada que mantenía con la empresa quebrada en el Instituto Municipal de la Vivienda y Rehabilitación.

La empresa pública dirigida por Àngels Mira inició la semana pasada el expediente para resolver la concesión de los servicios. En ese momento se alegó que los impagos a los trabajadores que arrastraba la compañía que habían derivado en la no prestación del servicio, ya que estaban en huelga indefinida, suponían un motivo para que decayera. Con todo, por ahora se mantiene la licitación.

Decisión judicial

Fuentes cercanas a la gerente de la compañía pública indican que el inicio del concurso de acreedores de Ombuds ha cambiado el escenario. Recuerdan que la primera decisión que tomó la juez que instruye la quiebra del grupo de seguridad privada, la magistrada Bárbara Córdoba del Juzgado de lo Mercantil 13 de Madrid, fue la de frenar la oleada de anulaciones de servicios que se producía en todo el país. Alegó que era la única forma posible de intentar que el grupo recuperase la senda de la viabilidad.

Los representantes de los trabajadores, ADN Sindical, enmiendan esta decisión. Aseguran que la instrucción judicial se dirigía a aquellos contratos que estaban en peligro por la quiebra de la empresa, pero recuerdan que los motivos que se esgrimen en el Instituto Municipal de la Vivienda son distintos. En su caso, es el impago a los trabajadores y la consecuente huelga indefinida que se ha iniciado en Cataluña la que ha llevado a la situación. El conflicto laboral impide que se preste el servicio, no la quiebra oficial de la sociedad.

Cobro de las nóminas

Por todo ello, han anunciado que piensan pelear para conseguir que se complete el proceso. Incluso plantean recurrir de nuevo al Síndic de Greuges para denunciar su situación.

La subrogación de los trabajadores a otra empresa del sector es la única alternativa que desde el sindicato se considera viable en el corto plazo para que los trabajadores de Ombuds recuperen sus derechos económicos. La empresa de la familia Cortina y el fondo JZI tiene pendientes de abonar el grueso de las pagas de junio, julio y la extraordinaria que se debería haber abonado a medidos del mes pasado a sus 8.000 trabajadores de todo el país.

Santander debe abrir el grifo del crédito

La administración concursal se ha topado con una ventana de oportunidad para solventar esta situación, tal y como comentan las fuentes jurídicas consultadas. La magistrada Córdoba ha obligado a Banco Santander que abra de nuevo las líneas de factoring del grupo. Alega que no comunicó de forma correcta que se cerraban y que debe asumir sus responsabilidades como banco agente, hecho que también arrastra el resto de pool de entidades que participaban en la línea de financiación.

Baker Tilly podrá aprovechar el momento en que se recupere la entrada de efectivo para liquidar las deudas que se mantienen con la plantilla, la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. Las mismas fuentes jurídicas indican que los bancos podrán subsanar el error y rescindir de forma correcta el contrato. Ombuds se quedará entonces de nuevo sin línea de financiación.

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