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Ada Colau, alcaldesa de Barcelona / EUROPA PRESS

El ayuntamiento de Barcelona, denunciado por ampliar las licencias de 'motosharing'

El operador Iberscot lleva a la Concejalía de Movilidad ante el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público tras acusarla de beneficiar a los grandes competidores

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El operador de motosharing Iberscot ha recurrido ante el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público una resolución de la Concejalía de Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona que amplía la adjudicación de licencias. La compañía considera que la norma es “ilegal” y “abritraria”, y que incurre "en una flagrante desviación de poder”.

El área de Movilidad encabezada por Rosa Alarcón, y con Manuel Valdés López como gerente adjunto aprobó el pasado febrero la ampliación de licencias de motos compartidas. La Concejalía ha sido objeto de otras demandas por la misma resolución debido a que parte de los afectados acusan a la corporación local de favorecer a determinados operadores.

Incremento de licencias

La resolución del ayuntamiento permitía sumar 3.042 licencias de motos eléctricas compartidas. Según denuncian los recurrentes, esto ha beneficiado a Acciona, Ecooltra y Yego que prestaban el servicio antes del concurso. El recurso expone que el consistorio de Ada Colau “ha decidido ampliar el número de licencias concedidas para otorgarlas a las empresas que tienen ya las motos. Es decir, la finalidad perseguida es 'legalizar' las motos que no tienen licencia de algún operador y que de facto el Ayuntamiento estaba tolerando que siguieran operando. Ello en perjuicio de los demás operadores a los que se impide acceder realmente a la ampliación por imponer obligaciones de imposible cumplimiento”.

El argumento también ha sido expuesto por operadores como Tucycle, que con su demanda ya ha conseguido que se aplicaran medidas cautelarísimas contra la resolución, o Global Mobility Sharing, por la que la Fiscalía ha abierto una investigación a Rosa Alarcón y Manuel Valdés López por la gestión en este asunto.

La denuncia recoge que “el Ayuntamiento es consciente de la arbitrariedad de la resolución impugnada y de la flagrante desviación de poder en la que incurre, pues todo ello obedece a favorecer a determinadas empresas, con evidente perjuicio de los demás operadores y terceros, y con manifiesta afectación al libre mercado”.