Dos accionistas de BPI se querellan contra la operación de venta del banco

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha admitido a trámite una querella presentada por dos accionistas de BPI contra Caixabank, Criteria y varios de sus máximos ejecutivos por la operación de compra del banco portugués. Les acusan de llevar a cabo operaciones presuntamente irregulares en la adquisición.

En el auto de admisión, con informe favorable de la Fiscalía, el magistrado considera que los delitos objeto de investigación son, supuestamente, abuso de mercado (información privilegiada), administración desleal y delitos societarios, tal y como informa Europa Press. Los sustenta en una presunta falsedad de cuentas anuales o de documentos que debían reflejar la situación jurídica y económica de la entidad. Además, acepta que existen indicios de que se habrían impuesto acuerdos abusivos en la junta de accionistas de la entidad lusa en el marco de la operación de venta.

La compra de BPI

La querella también se dirige contra el presidente del grupo financiero, Isidro Fainé, contra el del consejo de administración del Banco of East Asia (BEA) David K.P. Li, el consejero delegado de Caixabank, Gonzalo Gortázar, y los directivos del banco español Alejandro García-Bragado Dalmau, Óscar Calderón Oya, Antonio Massanell Lavilla y Juan Antonio Álvarez García. En el caso de Criteria y Caixabank, la resolución judicial les requiere para que designen un representante, abogado y procurador.

La causa se centra en una serie de operaciones presuntamente irregulares en torno al contrato de permuta de Caixabank con Criteria --hecho relevante del que se informó a la CNMV el 3 de diciembre de 2015-- y cuyo fin último era la compra del banco portugués BPI. También se pone el foco en el crédito de 400 millones concedido al Banco Financiero de Angola (BFA) para que eliminara las restricciones a la adquisición de la entidad lusa.

Cientos de millones de euros

De la Mata también justifica la competencia de la Audiencia Nacional para asumir el caso en su auto. Argumenta que el importe del presunto perjuicio de la operación que ha sido denunciada asciende a los millones de euros y, si se llegaran a demostrar las presuntas irregularidades, afectaría a todos los accionistas de BPI.

"A la existencia de un amplio espectro de afectados se añade que los querellados utilizaron resortes económico-financieros o regulación mercantil especializada para llevar a la realidad sus intenciones, que por otra parte tenían gran trascendencia económica para la institución, máxime en un momento de aguda crisis bancaria", indica el instructor.

Documentación y nombres

Las primeras diligencias acordadas por el juez van dirigidas a solicitar diversa documentación a Caixabank, como la relación de miembros del consejo de administración entre 2015 y 2017 y de la comisión de auditoría y control, así como los integrantes de la comisión de consejeros independientes creada ad hoc para el análisis de la operación de permuta y la documentación que manejaron.

De la Mata solicita, además, la relación de personas que emitieron el informe anual de cumplimiento normativo en el ámbito del mercado de valores que recoja el análisis de la legalidad de la operación de permuta y también toda la documentación disponible en Caixabank relativa al préstamo de 400 millones de euros a BFA.

Presunto perjuicio en la permuta

Caixabank, que mantenía una participación minoritaria en el BPI desde 1995, cerró con éxito en 2017 su OPA sobre el banco portugués. Pasó a controlar el 84,5 % de su capital tras el desembolso de 644,5 millones de euros.

Los dos accionistas que han presentado la querella sostienen que Caixabank concedió un préstamo de 400 millones de euros a Banco de Fomento de Angola (BFA), con objeto de que Isabel Dos Santos, hija del presidente de aquel país y que controlaba cerca del 10 % de BPI, apoyara la entrada de la entidad catalana en el banco luso. Piden a la Audiencia que fiscalice la operación para medir el impacto que tuvo sobre el resto de accionistas del banco luso. 

Defensa de Caixabank

Tras conocer los hechos, Caixabank ha reafirmado la legalidad de todas las operaciones que llevó a cabo para tomar el control de BPI. Entre ellas, la polémica permuta de acciones en BEA y GF Inbursa con Criteria que analizará con detalle la Audiencia Nacional.

"Fueron realizadas en cumplimiento estricto de los requisitos legales y sometidas al conocimiento o autorizaciones de los reguladores pertinentes", han afirmado fuentes de la entidad a Europa Press.