La Audiencia Nacional condena al ex presidente de CEOE a cárcel

La Audiencia Nacional ha condenado este lunes a cinco años y seis meses de cárcel al que fue el patrono del empresariado español hasta diciembre de 2010, Gerardo Díaz Ferrán. El alto tribunal también obliga al ex presidente de la CEOE a pagar una multa de 1,2 millones de euros por los delitos de alzamiento de bienes, concurso fraudulento, integración en grupo criminal y blanqueo de capitales al intentar vaciar patrimonialmente el grupo turístico que capitaneaba y que se había declarado en quiebra, Grupo Marsans.

La Sección Tercera de la Sala Penal también condena a cinco años de cárcel y al pago de la misma sanción, con la que se pretende reparar parte del daño a los afectados por el concurso de acreedores, a la persona que adquirió a precio de derribo la holding y se encargó de su liquidación en connivencia con Díaz Ferrán, el empresario Ángel de Cabo.

Entre las empresas afectadas se encuentran Meliá Hotels International, Viajes Iberojet, AC Hoteles y Pullmantur, a quien los dos principales acusados del caso Marsans deberán indemnizar con 450.000 euros de forma solidaria.

Cómo vaciar patrimonialmente un grupo

La investigación judicial ha podido demostrar que De Cabo pactó con Díaz Ferrán que ocultaría los activos del holding turístico quebrado al comprarlo para evitar responder ante los acreedores en el proceso mercantil. Cuando finalizara el concurso y se pudieran enajenar los activos, los propietarios de la compañía se iban a quedar la mayoría del capital resultante y el liquidador un peaje de alrededor del 20% por la intermediación.

Antes de Marsans, el empresario de origen valenciano había aplicado el mismo método con éxito en la caída de la constructora Tecnosa y lo intentó repetir en otro de los concursos más mediáticos del país, la quiebra de Nueva Rumasa de la familia Ruiz-Mateos. Compró los restos de la segunda holding del clan, que este lunes despide a su patriarca, en septiembre de 2012.

Pacto con el Ministerio Fiscal

Las penas impuestas a Díaz Ferrán y De Cabo son mucho más bajas que la petición inicial del Ministerio Fiscal, que alcanzaban los 15 años. Los empresarios se han beneficiado de haber reconocido los hechos delictivos en un pacto firmado el pasado 2 de julio, cuando se inició el juicio del caso Marsans.

Los magistrados les han aplicado los atenuantes de confesión tardía y de la disminución de los efectos del delito en algunos casos concretos.

Nueve condenados

Hay otros nueve acusados condenados por participar con mayor o menor implicación en la operación fraudulenta que no se beneficiaron de haberse declarado culpables. De entrada, el Ministerio pedía penas menores para todos ellos.

Ivan Losada, mano derecha de De Cabo, pasará dos años y seis meses en la prisión y deberá hacer frente a una multa de 1.800 euros. La misma cantidad que deberá pagar el hijo del presidente de Grupo Marsans, Gerardo Díaz Santamaría. Él se podrá librar de la prisión al recibir una condena de sólo dos años.

Susana Mora es otra de las personas de mayor confianza de De Cabo y su implicación en la estafa le ha propiciado una condena de un año y seis meses en la cárcel, que también podrá eludir si no tiene antecedentes, y el pago de una multa de 301.080 euros de multa. La mayor parte de la sanción es por el papel ejercido en el blanqueo de capitales del caso, ya que guardaba más de un millón de euros en metálico y cheques bancarios en su casa, trastero e incluso en su coche, tal y como demostraron los registros de la operación Crucero.

Testaferros

Los testaferros del caso Marsans han sido condenados a dos años de cárcel y pagarán cada uno de ellos multas de 301.800 euros. Se trata de Carmelo José Estelles, Antonio García, José Enrique Pardo y Teodoro Garrido Ortiz. Este último es también el cuñado de De Cabo.

La mujer del fontanero, tal y como se conocía, ha sido condenada a un año de prisión y se le ha interpuesto una multa de 300.000 euros. La misma pena impuesta a la persona que diseñó la estructura fraudulenta, Rafael Tormo.