El juez de la Audiencia Nacional que investigará el concurso de acreedores de Eurona, Manuel García Castellón / EFE

El juez de la Audiencia Nacional que investigará el concurso de acreedores de Eurona, Manuel García Castellón / EFE

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La Audiencia Nacional analizará las maniobras en Eurona previas a su concurso

Un grupo de accionistas de la cotizada denuncia que la dirección presidida por Fernando Ojeda ‘vació’ la sociedad antes de anunciar su quiebra

4 junio, 2021 00:00

El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, encabezado por el magistrado Manuel García Castellón, investigará si en el concurso de acreedores de Eurona Wireless Telecom se produjeron los delitos de insolvencia punible, estafa, administración desleal, estafa de inversión del capital, alteración de precios y corrupción entre particulares.

Así lo indica un grupo de particulares que ha presentado una querella admitida a trámite por la sala, y que señala las maniobras que hubo en la cotizada para dejarla, presuntamente, sin activos justo antes de reconocer su quiebra.

De hecho, el Juzgado de lo Mercantil 3 de Madrid ha abierto la vía de la liquidación directa de la compañía tras el informe concursal en el que se reconoce un pasivo de unos 90 millones de euros y un activo que roza los cinco millones. Esta cifra encendió las alarmas de los tenedores de acciones, que recurrieron al bufete Iuris & Factor para analizar qué había sucedido en una compañía que llegó a superar los 100 millones de facturación, estaba valorada en 146 millones, tenía 42 millones en acciones repartidas entre pequeños inversores y era señalada como uno de los valores en auge del Mercado Alternativo Bursátil (MAB).

Presunta venta encubierta

Ha sido el encargo de un pericial el hecho que ha sacado a la luz las decisiones que se tomaron bajo la dirección de Fernando Ojeda y que habrían llevado al vaciado de los activos con valor de Eurona antes de concursarla de forma voluntaria. Los hechos se remontan a 2017, cuando entran en acción dos firmas a las que se acusa de protagonizar una compra encubierta de la sociedad. Se trata de Magnetar Capital, que actúa a través de la filial Realta Investments Ireland, y la Previsión Mutua de Aparejadores y Arquitectos Técnicos (Premaat).

Las conclusiones de la querella, a las que ha tenido acceso Crónica Global, apuntan a que los movimientos para, presuntamente, alzar los bienes se iniciaron cuando la primera concedió un crédito a la cotizada de 46,8 millones en ese ejercicio. Se convirtió, de esta forma, en la principal acreedora del grupo de telecomunicaciones. Premat, a su vez, controlaba la mayoría (73%) de la emisión de 15 millones de euros en bonos que se había ejecutado en 2015 y soportaba buena parte del pasivo del grupo.

Creación de Global Satellite

Ojeda habría dado un movimiento clave un año después. Creó la mercantil Global Satellite Technologies (denominada en un primer momento NewCo) en 2018, cuyo objetivo inicial era actuar de filial de Eurona. Es decir, que el 100% de la propiedad estaba a manos de los mismos dueños de la cotizada. Con todo, en ese momento ya se le traspasan los principales negocios, los más rentables, en lo que se entiende como el inicio efectivo de un cambio de propiedad disimulado.

Fernando Ojeda, consejero delegado del grupo Eurona en una imagen de archivo / EURONA

Fernando Ojeda, consejero delegado del grupo Eurona en una imagen de archivo / EURONA

Se anunció una línea de crédito para la nueva compañía y se otorgó a los prestamistas el 25% de los nuevos títulos. Todo ello se explica como una simple reestructuración de la deuda a los minoritarios de Eurona. Esto sirve para aprobar sin problemas la suscripción de un “contrato de espera con los principales acreedores financieros”, tal y como indican los denunciantes. De este modo, todos los acreedores posponen el ejercicio de sus “derechos de resolución y vencimiento anticipado” y se ejecuta una “reconversión de la deuda de los bonistas”.

Desviación de activos

A finales de ese año, Global Satellite firma otros préstamos con Magnetar y Premat que eleva al 60% la participación de ambas en el grupo. La cúpula de Eurona, además, usa la liquidez obtenida para devolver el primer crédito firmado con Realta Investments Ireland. Es decir, cierra el círculo con su inversor de referencia.

También prosigue la “sucesiva desviación de activos de Eurona hacia la nueva empresa bajo la apariencia de diversas ampliaciones de capital”. Todo ello, sin que los “accionistas y acreedoras tengan constancia” de los movimientos, ya que Global Satellite es una SL y no debe informar al mercado de sus operaciones, solo se debe notificar al Registro Mercantil, con una exposición pública menor.

Cambio de la marca

A lo largo de 2019 prosiguen los traspasos, hasta el punto en que se llega a cambiar de propietaria la marca de Eurona Telecom. Un año después, las dos empresas que están en la diana de la querella controlan el 93% de la propiedad de la nueva empresa. O, lo que es lo mismo, los accionistas de la cotizada que se pensaban que tenían el 100% del capital de Global Satellite se habían quedado con un pírrico 7%. Todo ello, “de manera subrepticia”.

Los accionistas han perdido todos los ahorros que tenían invertidos en la empresa y que habían permitido hacer crecer las líneas de negocio”, señalan los querellados. Ahora, los servicios de conectividad siguen en marcha sin grandes cambios para los clientes finales, que los hay, pero los ofrece Global Satellite, no Eurona.

Ejecutivos acusados

Además de Fernando Ojeda González, se reclaman responsabilidades a los ejecutivos que han pasado por el consejo de administración en el periodo en el que se produjeron los hechos. Están acusados Richard David Alden, Guillermo Medina Ors, Fernando Barreiro Pérez Freire, Jaume Sanpedra Izoard, Belarmino García Fernández, Miguel Ángel de Berrazueta Fernández, Jordi Martí Taulé (también acusado en el caso QRenta), Jvaier Moncayo Barriopedro, Aquilino Antuña Díaz, José Campo Vidal y Javier Condomines Concellón.

La querella también se dirige contra las mercantiles Eurona, Global Satellite y las dos empresas que controlan el grueso del capital de esta sociedad. Es decir, Magnetar y Premat, junto a sus principales ejecutivos.