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Atún rojo intervenido por la Guardia Civil / GUARDIA CIVIL

La Audiencia Nacional centra el fraude del atún rojo en Valencia

La justicia pone la lupa sobre las empresas Marfishval y Pescnort Mar por, presuntamente, importar como "grupo criminal" pescado furtivo y reetiquetarlo como codiciado manjar

14.06.2019 00:00 h.
9 min

Las pesquisas por el fraude del atún rojo se centran en Valencia. La Audiencia Nacional, con la información proporcionada por la Operación Tarantelo en febrero, pone la lupa sobre tres sociedades situadas en la Comunidad Valenciana. Sospecha la Guardia Civil que la importación de pescado furtivo y reetiquetado en España se producía en tres empresas sitas en esta región. Son Marsfishval, Grupo Pescnort y Pescnort Mar.

En un auto emitido por el juzgado central de Instrucción número 3 de Madrid al que ha podido acceder este medio, el magistrado da cuenta de las diligencias previas practicadas, la antesala al enjuiciamiento de la causa por la importación, manipulación y venta de atún rojo o Thunnus thynnus bajo etiquetas falsas. Recuerda el juez que la trama actuó de forma supuestamente criminal. ¿Con qué fin? "Alterar el precio de las cosas y [cometer] fraudes alimentarios [...] en seis Comunidades Autónomas del territorio nacional". Lo que es más grave, dicha presunta "organización criminal" manipuló, cree la autoridad judicial, pescado que contenía grandes cantidades de histamina. Ello lo convertía en no apto para el consumo humano.

Trama en Valencia

Los hechos que ve indiciarios de delito la Audiencia se centran en la existencia de un entramado de personas y sociedades que "suplantaron la identidad de los ejemplares de atún". Lo hacía dicha trama importando animales capturados mediante pesca furtiva, una labor que recaía sobre K.M., que se desplazaba a Marruecos, Túnez, Malta o Turquía para conseguir el producto. Tras la compraventa, el atún ilegal se almacenaba en la nave de la empresa Marfishval en Albal (Valencia), donde se despiezaba y se distribuía a diversos destinos. Entre otras plazas, se cree que la organización trasladaba el pescado ilegal a Alicante y Madrid, entre otras Comunidades Autónomas. En la capital, Marfishval poseía una sucursal que se ocupaba de recibir el pescado en el aeropuerto de Madrid-Barajas y lo distribuía por la urbe y alrededores.

Una de las empresas investigadas por la Audiencia Nacional en Valencia / Google Maps

Ello no habría sido posible sin el concurso de Pescados Masía e Hijos, empresa sita en Novelda (Valencia) y capitaneada por A.E.A.C. Esta mercantil habría colaborado con Marfishval y Pescnort Mar para elaborar documentos de identificación comercial y sanitaria falsos "respecto de ejemplares de procedencia furtiva". Los investigadores atribuyen también a esta empresa la falsificación de "etiquetas comerciales para poner al mercado de consumo los ejemplares de naturaleza ilícita".

20 empresas

De hecho, Pescados Masía es una de las firmas que, presuntamente, colaboraron en la trama. Agentes y magistrada ven indicios de participación de hasta 20 sociedades que habrían actuado como correos para blanquear el dinero generado por la operativa criminal. En el centro de esta subtrama de blanqueo se encuentra C.F.F, responsable de Marfishval y Pescnort, quien habría actuado en comandita con K.M. para que la empresa General World Frozen actuara de lavadora de efectivo procedente de la trama delictiva de recepción y colocación de los ejemplares capturados furtivamente.

La subtrama de lavado de beneficios, cree la Audiencia Nacional, presentaba una operativa clara de "emisión, recepción de facturaciones falsas".

Insalubres

Más grave si cabe, la juez María Tardón ve mimbres para, si se confirman los indicios, enjuiciar a las personas participantes en la trama por delitos contra la salud pública. Sostiene la magistrada que "dentro de esta distribución en el mercado de consumo humano, parte de los ejemplares de atún rojo se encontraban en mal estado dándoles otra apariencia a través del inyectado de aditivos para dar una apariencia de frescura". Esta conducta supone, además de un riesgo para el consumidor, un "grave riesgo para la salud pública" del mismo. Así "daban apariencia de pescado fresco y engañaban a los consumidores comercializando como atún rojo especies que no lo eran".

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Agentes de la Guardia Civil durante la 'Operación Tarantelo' / CG

¿Cómo conseguían pasar el control de las autoridades? Las diligencias previas de investigación, paso previo a la acusación por parte de fiscalía, sugiere que había manipulado de etiquetas; alteración de las fechas de factura de la captura; fechas de caducidad; inyecciones de aditivos "superiores a la permitida por la normativa" e, incluso, "colaboración de facultativos de la administración pública". Estos veterinarios fueron quienes "alertaban sobre los controles sobre los ejemplares de atún rojo", cuando no "avisaban de las inspecciones, solicitándose en ocasiones que preparasen las muestras que iban a recoger a posteriori".

Cuentas bloqueadas

Cómo pudo escapar toda esta supuesta trama asentada en Valencia del control de las autoridades se deberá probar. Sugiere la magistrada que la organización contaba con "conocimientos sobre control y trazabilidad de la captura, sacrificio, transporte y puesta en el circuito comercial de la especie atún rojo". Por si los profesionales tratan de eludir la acción de la justicia, la misma sala rechazó en mayo, por medio de un auto al que ha tenido acceso también este medio, el desbloqueo de diversas cuentas bancarias vinculadas al grupo supuestamente criminal.

Se trata de depósitos pertenecientes al directivo valenciano C.F.F, a quien las pesquisas realizadas hasta ahora sitúan en el vértice de la pirámide del fraude del pescado ilegal; de K.M. y de las mercantiles Pescnort Mar; Grupo Pescnort Mar y Marfishval. La juez mantiene el embargo de las cuentas, habida cuenta de que se encuentran "afectadas a la eventual responsabilidad civil dimanante de los hechos investigados".

"No hay grupo criminal"

Preguntada por el desarrollo de la investigación, que pilota la Audiencia Nacional tras inhibirse el juzgado de Instrucción número 3 de Picassent (Valencia), Pescnort ha desmentido o matizado algunas de las informaciones. Ha insistido un portavoz en que las mercantiles Pescnort y Grupo Pescnort "no se dedican al atún rojo", un segmento que trabajaría solo Marfishval. En referencia a las cuentas bancarias, alega la compañía que "no fueron objeto judicial de bloqueo", aunque sí intervenidas por las entidades financieras "por su cuenta y riesgo". Agrega el grupo que "se ha dictado un auto de desbloqueo del resto de depósitos" y que el saldo y movimientos de las que aún permanecen congeladas "son insignificantes".

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Atún rojo como el que, supuestamente, manipulaba la trama del atún rojo ilegal en Valencia / CG

Rechaza también la definición de organización criminal que plantea la magistrada en su exposición. Para Pescnort, "hay que distinguir entre grupo criminal y organización criminal", conductas que, a su entender, no se produce en este caso. "La actuación de Marfishval ha sido siempre con diversos proveedores y clientes con quienes se ha mantenido una relación comercial de lo más habitual". La empresa subraya que las diligencias son "previas" y anteceden a las penales, por lo que "no existe acusación formal por parte del ministerio fiscal ni ninguna acusación particular". Los hechos expuestos por los investigadores se están, pues, "investigando".