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La estación de tratamiento del Llobregat del ATLL, una de las infraestructuras de la concesión que ha anulado el Tribunal Supremo / CG

ATLL: varapalo del Tribunal Supremo a un Gobierno inexistente

La ‘guerra del agua’ en Cataluña concluye con una ratificación de que el concurso de 2012 estaba mal hecho y supone un agujero millonario para las cuentas de la Generalitat

21.02.2018 16:17 h.
6 min

El Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público (TCCSP) tenía razón en los primeros días de 2013. Así lo ha ratificado el Supremo en una sentencia que ha tardado dos años y medio en ver la luz en la que queda claro que el concurso de Aigües Ter Llobregat (ATLL) estaba mal planteado. Hecho que lleva a su anulación y que abre un nuevo frente al próximo Gobierno catalán.

No serán ellos los que deban tomar nota del sonoro varapalo que han propinado los magistrados en sendas resoluciones que contestan a los recursos de casación de la gestora de ATLL, la propia Acciona (grupo que encabeza el consorcio que tiene la gestión) y la propia Generalitat. Esta responsabilidad está repartida entre los dos dobiernos de Artur Mas, que deberían responder del golpe a las arcas públicas que supone la anulación del concurso público.

1.000 millones de deuda pública

La guerra del agua concluye con la condena a la Generalitat a apuntarse 995,5 millones de euros de deuda pública. Esa fue la cantidad que la Intervención General de la Administración del Estado (IAGAE) autorizó a desconsolidar de las cuentas públicas tras la firma de la concesión del servicio de agua en alta en Cataluña. La totalidad de la concesión a 50 años vista, aunque la familia Entrecanales pagara una cantidad inferior en concepto de canon inicial.

El contrato se rubricó el 27 de diciembre de 2012 en pleno intercambio de la cartera de Territorio y Sostenibilidad entre Lluís Recoder y Santi Vila. De hecho, el representante público que finalmente estampó su firma fue el entonces secretario de la consejería, Pau Villòria.

Reembolso a Acciona

Otro secretario de la Generalitat, Pere Aragonès de Economía y Finanzas, realizó el último cálculo económico sobre la cantidad que el Ejecutivo debería reembolsar a Acciona si perdía la guerra del agua. Indicó que el actual gestor de la compañía que abastece de agua los depósitos de cabecera de Barcelona y su área de influencia debería recibir unos 400 millones.

Cifra que cubre, según los cálculos del político de ERC, los 298,6 millones que se pagaron ese 27 de diciembre más los reembolsos anuales. La complejidad del caso ATLL llevó a situaciones extrañas como que se perdonara el pago de 40 millones de euros en concepto de Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), una decisión que avaló el sucesor de Vila en la consejería de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull.

Nuevo litigio

Aunque, lo más probable, según los expertos consultados, es que Acciona plantee un nuevo litigio para elevar esta cantidad. Con la pretensión de reclamar el pago del lucro cesante de la actividad. Es decir, la compensación al grupo de los poderosos Entrecanales por los beneficios que no percibirá en los 45 años que le quedan de vigencia a la concesión.

Los portavoces del grupo ya han amagado en alguna ocasión con abrir un nuevo pleito. En los seis años que ha durado la controversia, incluso han declarado públicamente que fueron presionados por el Gobierno catalán para suscribir la concesión sin esperar a la primera resolución sobre la pulcritud del concurso público, la que el TCCSP --entonces llamada Oarcc-- dio a la luz el 3 de enero de 2013.

Anulación de la concesión

En ese momento ya se decretó que Acciona no cumplía con el pliego de condiciones del contrato de ATLL por haber modificado el calendario de obras. Hecho que provocaba su descalificación y obligaba a retrotraer la concesión hasta el momento anterior a la adjudicación. Es decir, obligaba a dar el contrato a Aguas de Barcelona (Agbar), la otra compañía que pujaba por la concesión.

Los magistrados del Tribunal Supremo han seguido los pasos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y, tal como ocurrió en 2015, han decretado la anulación de todo el concurso público. El próximo Gobierno de la Generalitat, sea el que sea, tendrá el reto de pactar qué modelo de gestión quiere para ATLL. La administración de los anteriores resonsables políticos le lega una patata caliente, que acabarán pagando los contribuyentes catalanes, en forma de más deuda pública.

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