El Gobierno catalán anuncia que enmendará de nuevo la indemnización de ATLL

La Generalitat enmendará de nuevo la liquidación que se ofrecerá a la concesionaria de Aigües Ter Llobregat (ATLL), un pool de accionistas dominado por Acciona. Así lo ha anunciado el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet (JxCat), en la segunda comparecencia parlamentaria que se ha ha celebrado este miércoles para dar explicaciones a la oposición sobre el polémico cambio de titularidad del servicio que está judicializado.

La primera, que tuvo lugar hace 15 días, se suspendió tras su inicio por el plantón del titular del departamento y del vicepresidente de Economía, Pere Aragonès (ERC), que protestaban de esta forma por la detención de los independentista acusados de cortar la vía del AVE en Girona.

Dos cifras anteriores

En el inicio de la sesión, Calvet ha comunicado que el Gobierno catalán debe responder las nuevas alegaciones que Acciona y sus socios, las familias Rodés y Godia-Torreblanca y el fondo internacional Pioneer Point Partners. Por lo que se elevará la compensación de 53,86 millones que se reconoció en el último día de diciembre, un cálculo que ya corregía los 38 millones que se reclamaba a la concesionaria del servicio que se comunicó a principios de noviembre.

Según el consejero, el Gobierno catalán no ha corregido ningún cálculo. Justifica que en todo momento se dejó claro que se trataba de propuestas de liquidación “provisional” y que la cifra definitiva tendrá en cuenta la “documentación oficial y acreditativa” de la gestión de 2018. Por ahora, la Generalitat no ha tenido acceso al cierre auditado del ejercicio que acaba de concluir. La concesionaria del servicio aún no ha tenido tiempo para ello.

Se deja claro que el importe final se quedará muy lejos de los 1.074 millones que ha solicitado la multinacional de la familia Entrecanales y sus socios. Un cálculo que también contempla el lucro cesante por los 44 años que le quedarían de concesión del servicio.

Contrato nulo de pleno derecho

También ha defendido de nuevo que el contrato es nulo de pleno derecho y no anulable, una diferencia clave ante la causa que se dirime en los tribunales. “Los tribunales han anulado la ejecución y, de rebote, el contrato”, ha manifestado Calvet. Mantiene que así lo dictaminó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) del 19 de noviembre de 2018, la respuesta a un incidente de ejecución de sentencia promovido por Acciona “que fue desestimada y condena en costas a ATLL”.

“Promovemos una liquidación garantista a los intereses de la otra parte”, asegura el consejero de Territorio, que acusa a Acciona y sus socios de hacer un “uso abusivo del derecho” en el que se ha llegado a “amenazar de forma velada” con emprender “acciones penales” contra los miembros de la comisión de liquidación, “funcionarios públicos”.

Desahucio administrativo y TSJC

Por ahora, la transformación de ATLL en una empresa pública se dirime tanto en el TSJC como en la Dirección General del Patrimonio. La concesionaria ha pedido el amparo de los tribunales para frenar el cambio de titularidad sin que antes no se cierre un pacto sobre el importe de la liquidación. El 21 de diciembre, el organismo que depende de la vicepresidencia de Economía inició el procedimiento de desahucio administrativo.

Aragonès ha explicado que se ha frenado el proceso hasta el próximo 5 de febrero para pedir el cambio en la gestión. La entrega de los activos por parte del consorcio y la entrada del equipo directivo presidido por Josep Andreu Clariana. La sala de lo contencioso administrativo del TSJC ha anunciado que en esta fecha resolverán el proceso que está abierto, por lo que el Gobierno catalán pretende ser “garantistas”.

El Gobierno catalán da por sentado que el Alto Tribunal catalán les dará la razón. Si así lo hace y la concesionaria mantiene su negativa a entregar los activos, amenazan con recurrir a los tribunales para pedir que se entregue ATLL de nuevo al sector público.