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Un grupo de visitantes en la planta potabilizadora de ATLL en el municipio de Cardedeu (Barcelona) / ATLL

¿Cuál es el impacto real del ‘caso ATLL’ en el déficit catalán?

El Govern pone en marcha la ejecución de las resoluciones judiciales que anulan la concesión de 2012 pero se resiste a explicar cuál es la cifra final de la ‘guerra del agua’

18.07.2018 00:00 h.
7 min

El Gobierno de Quim Torra anunció ayer que se ponía manos a la obra para liquidar la concesión de Aigües Ter Llobregat (ATLL) a Acciona y traspasar la gestión a una sociedad pública de nueva creación. Con este cambio de modelo se responde a las exigencias de la CUP y, al mismo tiempo, se ejecutan las sentencias judiciales en contra del proceso de licitación que la Generalitat acumula desde hace seis años. Pero sigue en el aire una cuestión capital que ya ha movilizado a la oposición: cuál será el impacto real del la llamada guerra del agua en Cataluña sobre el déficit público de la comunidad.

La concesión propició que el Ejecutivo de Artur Mas desconsolidase 995 millones de euros del pasivo que arrastraba en diciembre de 2012. La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) dio su visto bueno al movimiento en uno de los momentos más crudos de la crisis a pesar de que, de verdad, Acciona sólo desembolsó 298,6 millones a la Generalitat en concepto de canon inicial del servicio. Los 696,5 millones restantes se debían pagar en el medio siglo que duraba la concesión. Ahora toca desmontar esta ingeniería contable.

Cuentas públicas

El titular de Territorio, Damià Calvet, ha asegurado en una comparecencia pública que el objetivo del Govern es que la consolidación sólo afecte al déficit del ejercicio 2012. Pero desde la oposición ya se le exige un cálculo claro en este sentido. Se advierte de las consecuencias negativas para los presupuestos catalanes. De que se incumplirá sin duda el objetivo de deuda previsto para ese ejercicio pero también el de los seis siguientes.

¿Obligará a nuevos recortes? Esta es la gran pregunta que se hacen las fuentes consultadas. Por otro lado, apuntan a que los efectos no se limitarán solamente al déficit. También se deberán reexpresar las cuentas de la Generalitat. Se deberán borrar los ingresos obtenidos con los cánones de cada año y las inversiones que Acciona ha desarrollado en la red de ATLL. Es decir, la indemnización que deberá llevarse la cotizada.

Batalla por la indemnización

El presidente del grupo, José Manuel Entrecanales, aseguró en la última junta de accionistas que, como mínimo, debería recibir 308 millones de euros. Pero Calvet se ha resistido a ratificar este cálculo. Será una nueva comisión, la liquidadora de ATLL que se ha puesto en marcha este martes, la que cifre cuál deberá ser la compensación económica a los responsables de Acciona.

Los propios afectados reconocen que es pasto de una nueva pugna judicial. El conseller aseguró ante los medios que tras la valoración de los expertos, el Gobierno y Acciona deberán “debatir” sobre la indemnización. Abre las puertas de esta forma a una puja en la que entran grandes cuestiones, como el interés de la aún titular del servicio por percibir una compensación por el lucro cesante.

Responsabilidades

Cabe tener en cuenta que en algún momento de los seis años en los que ha durado el conflicto de las aguas catalanas, los responsables de Acciona han manifestado que el Gobierno les forzó a firmar el contrato de ATLL consciente de la incertidumbre jurídica de la licitación. Se llegó a rubricar un 27 de diciembre sin consejero de Territorio en activo, ya que Lluís Recoder había salido del Ejecutivo y Santi Vila aún no había jurado el cargo. Fue el secretario del departamento, Pau Villòria --actual comisionado del 155--, el que asumió las consecuencias jurídicas de sentenciar el acto.

Además, las partes eran conscientes de que el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público (TCCSP, entonces llamada Oarcc) tenía pendiente responder a una demanda que había interpuesto la otra empresa interesada en el servicio, Agbar. Lo hizo el 2 de enero de 2013 y supuso la primera anulación de la concesión.

Reclamación de responsabilidades

En lugar de cumplir con el mandato de este tribunal, cuya valoración ha sido refrendada años después por el TSJC y el Tribunal Supremo, Mas se lanzó a una batalla judicial. La guerra del agua en Cataluña que perduró durante el mandato de Carles Puigdemont y se resolverá en el de Torra. Con una factura final de contratación de asesores legales externos que tampoco nunca se ha hecho pública. El nuevo Govern se ha dado hasta el 1 de enero de 2019 para resolver el caso ATLL, pero la fiscalización no cesa.

El PSC mantiene una propuesta para eliminar el decreto Omnibús de 2010 que permitió concesionar el servicio de ATLL, además de exigir responsabilidades políticas por el fracaso de la licitación estrella de Artur Mas. Ciudadanos ha anunciado que pedirá una comisión de investigación para esclarecer los motivos que propiciaron la batalla judicial por ATLL y fiscalizar el papel de la Generalitat en seis años.

Debate político

El debate se prolongará hasta las primeras sesiones ordinarias del Parlament del próximo curso político, las previstas en octubre. El Govern aprovechará las próximas semanas para avanzar en la liquidación de la concesión. Entre otras, deberá sentarse de nuevo con Pedro Sánchez para negociar el impacto.