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José Antonio Castro, el constructor y hotelero gallego-catalán, y una de las antiguas sedes de Bankpime / FOTOMONTAJE DE CG

Así se pilló los dedos José Antonio Castro, el constructor y hotelero gallego-catalán

Pesa sobre el empresario una inhabilitación de siete años por la quiebra de Bankpime en una operación en la que desvió a sociedades a su nombre fondos consignados en la entidad

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José Antonio Castro, el constructor y hotelero gallego-catalán que controlaba Bankpime (se transformó en Ipme tras vender su negocio financiero a Caixabank en 2011) y es propietario del Grupo Inversor Hesperia, se enfrenta a una inhabilitación de siete años. Si prospera, se sumará a la condena de pago de 22,5 millones de euros de hace un año por sus tejemanejes en la entidad.

Los episodios en los que se ha visto inmerso son turbios, indican fuentes de su entorno. El Juzgado de lo Mercantil número 9 de Barcelona, encabezado por Bárbara Córdoba, da por sentado que Castro se quedó de forma ilegítima los 22,5 millones mediante una red de empresas de su propiedad que se prestaron dinero y nunca lo devolvieron.

Vació las arcas de Ipme en un momento en el se había visto obligado a deshacerse de la gallina de los huevos de oro, la gestora de fondos se integró en Caixabank junto al resto del negocio financiero, y se quedó con la gestión de activos inmobiliarios.

Operación de Kota Investments

Castro desvió el capital que estaba consignado en Ipme en forma de depósito de garantías de una operación que se frustró, indican otros interlocutores conocedores del caso. Fue el intento de Kota Investments, sociedad internacional del venezolano Marcelino Bellosta, de entrar en el capital de Bankpime. La transacción se frustró en el último momento por las dudas sobre la viabilidad ante los números rojos que amasaba y propició la aparición de Caixabank.

El empresario gallego-catalán optó por ejecutar posteriormente el aval en un movimiento muy criticado por los implicados y que tampoco fue especialmente popular en el sector. Incluso se señaló que se trataba de una vendetta de Castro. Kota llevó las discrepancias a la Corte Internacional de Arbitraje de París hace cinco años.

Gestión personalista

Teóricamente, los 22,5 millones debían consignarse hasta la resolución del conflicto. Así lo pensaban los inversores venezolanos y el resto de la estructura de Ipme, ya que Castro gestiona sus negocios de forma muy personalista; la sorpresa fue que cuando el tribunal internacional resolvió a favor de Kota, la caja estaba vacía.

La juez Córdoba tendrá que resolver en las próximas semanas si tiene en cuenta la solicitud de inhabilitación de la administradora concursal, Trinidad Roig. Hasta la fecha, ha censurado las formas del empresario y no dudó en embargar el 30,1% de Grupo Hesperia el pasado marzo para hacer frente a su deuda millonaria con Ipme, en proceso de liquidación.