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Oriol Junqueras, Carles Puigdemont y José Manuel Entrecanales, de arriba a abajo, y las instalaciones de ATLL en la localidad de Abrera.

Antifraude da la puntilla al contrato de Acciona en las aguas catalanas

El organismo envía a la Fiscalía un sistema de facturas cruzadas mediante ATLL y empresas de los Entrecanales que plantean la resolución del contrato sin indemnización e incurren en los delitos de falsedad mercantil y administración desleal

9 min

La Oficina Antifraude de Cataluña ha dado el golpe de gracia final al contrato que mantiene Acciona en las aguas catalanas. Ha puesto en manos de la Fiscalía Superior de Cataluña un informe en el que describe cómo el grupo empresarial de la familia Entrecanales ideó un sistema de facturas cruzadas entre la concesionaria del servicio y sus filiales sin autorización del gobierno catalán y con un impacto real en las arcas y en el bolsillo de los catalanes. El importe total del desvío asciende a 13,3 millones, según ha podido saber Crónica Global.

La institución de lucha contra la corrupción en el sector público que dirige Daniel de Alfonso justifica en el informe que existen suficientes indicios de que Acciona incurrió en los delitos penales de falsedad mercantil y administración desleal para abrir una investigación judicial. Asimismo, pide que se plantee la “resolución del contrato por incumplimiento muy grave como consecuencia de reincidencia en el cumplimiento de infracciones graves”, por lo que se libera al erario público de pagar cualquier indemnización.

Denuncia de CGT

Antifraude ha actuado a partir de una denuncia del sindicato CGT que realizó en abril de 2015 sobre un presunto enriquecimiento injusto de 7,5 millones de euros desde el ejercicio 2013. La investigación del organismo casi ha duplicado esta cifra. Todo ello, al margen de la guerra del agua que mantiene el grupo empresarial con sede en Madrid junto al gobierno catalán y Agbar, la otra empresa que pujó por el contrato en 2012.

El sistema ideado por los Entrecanales parte de facturas por servicios subcontratados en los que Antifraude ha detectado “irregularidades constatadas”. Acciona era propietaria del 25% del consorcio que se llevó la concesión de ATLL --ha incrementado en los últimos meses este porcentaje--, que pagó 7,4 millones a Empresa Operadora ATLL y otros 5,9 a Acciona Agua entre los ejercicios 2013 y 2015. Ambas mercantiles pertenecen íntegramente a la compañía familiar cotizada.

Todas las irregularidades detectadas

El detallado informe entregado a Fiscalía --y al que ha tenido acceso este medio-- indica que la Generalitat no está suficientemente representada en el consejo de administración del consorcio que gestiona ATLL; las operaciones vinculadas entre empresas con el mismo capital no cuentan con autorización y se realizaron al margen de las condiciones de mercado; no hay indicio de que los servicios se hayan prestado de forma correcta y falta la justificación de “otros gastos”.

De entrada, ATLL Concesionaria convocó 17 reuniones del consejo de administración entre diciembre de 2012 y marzo de 2015. “Consta que en cinco de ellas se adoptaron acuerdos relativos a las operaciones y el mantenimiento de la concesión y el contrato con Empresa Operadora ATLL y que sólo en dos de ellas estuvo presente la Generalitat”, subraya el informe en manos de la Fiscalía.  

Contundencia del ACA contra Acciona

Tampoco informó de los acuerdos a la Agencia Catalana del Agua (ACA), la empresa pública que debe autorizarlas según el pliego de condiciones por el cual se realizó la privatización.

Su director, Jordi Agustí, declaró por escrito que las operaciones ejecutadas a lo largo de 2013 y 2014 por parte de Acciona “se efectuaron sin ningún tipo de conocimiento previo por parte del ACA” y que la empresa pública “no conoce con precisión el contenido material de las transacciones efectuadas entre la concesionaria y Empresa Operadora ATLL que se ponen de manifiesto en las cuentas anuales de ATLL en 2013 y, por lo tanto, si estas se han efectuado a precio de mercado”.

Faura Casas enmienda a Deloitte

El papel del ACA ha sido clave para esclarecer la situación, ya que encargó a Faura Casas una segunda auditoría económica de los ejercicios de 2013 y 2014 de ATLL en los que se afirmaba de forma literal que “no hemos tenido la evidencia de que la sociedad haya pedido y/o obtenido la autorización del ACA por ninguno de los conceptos facturados por Acciona Agua ni Empresa Operadora ATLL”. El borrador del informe de 2013 llegó al ACA en febrero de 2015.

Las facturas pasaron por alto en la primera revisión a las cuentas de la gestora de agua realizada por Deloitte, el mismo grupo auditor que se encargó de auditar las cuentas de Acciona.

Gastos que no pueden ser validados

Antifraude también señala que la Empresa Operadora ATLL “no dispone de trabajadores ni en el ejercicio 2013 ni en el 2014, tal y como consta en sus cuentas anuales”. Con todo, facturó 7,41 millones a ATLL en 2013 a los que se deben añadir los otros 4,72 millones por parte de Acciona Agua el año siguiente.

Faura Casas expone en su auditoría que “no ha podido validar que estos gastos se correspondan con servicios efectivamente prestados”. Los conceptos que aparecían en las facturas eran “asesoramiento técnico y tecnológico de la gestión y operación de la concesión”. Concretamente, ha localizado 411.000 euros de facturas sin fundamento en 2013 de los 909.000 euros de servicios prestados y por otros 280.000 euros en los 4,997 millones del año siguiente.

Es decir, “el importe total de las facturas de Acciona Agua registradas durante el año 2013 y 2014 por ATLL Concesionaria respecto a las cuales se señalan irregularidades alcanza los 691.000 euros”, manifiesta el auditor en el informe que remitió al ACA.

Contrato firmado en diciembre de 2013

Los Entrecanales firmaron el 27 de diciembre de 2013, un año después de la polémica adjudicación, el primer contrato de servicios con Empresa Operadora ATLL con efectos retroactivos desde el 1 de enero de ese ejercicio. No pidió hasta cinco meses después, en mayo de 2014, la autorización del ACA. La agencia lo denegó al considerar que no aportaba “ningún tipo de ventajas ni para el servicio ni para el coste” y que se podían derivar “efectos desfavorables”.

ATLL intentó validarlo en varias ocasiones hasta marzo de 2015 con la consejería de Territorio [por lo que Antifraude apunta a que el ACA era consciente de lo que ocurría en ATLL antes incluso de solicitar la segunda auditoría], cuando tiró definitivamente la toalla. En ese momento quedaban varios meses para la publicación de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que anulaba la concesión y que aún se revisa en el Supremo.

Cancelación y refacturación para alterar la tarifa

ATLL Concesionaria ejecutó varias cancelaciones y refacturaciones en este periodo de tiempo de los conceptos que bailaban en la concesión. Es decir, “7,41 millones y 4,72 millones de euros” de Empresa Operadora ATLL y Acciona Agua, respectivamente, a los que se deben añadir los 691.000 euros de sobrecoste de los servicios que “habrían contabilizado como mayor coste del inmovilizado”.

Un truco contable que permitió a ATLL aparentar mayores gastos en el ejercicio 2015, el primero que podía incrementar la tarifa del servicio según el pliego de condiciones de la concesión. Esto afecta directamente en el bolsillo de los usuarios, ya que se imputa en su factura del agua, y presenta “contingencias fiscales derivadas de la contabilización de gastos no deducibles”.

Instituciones que han recibido el informe

La Oficina Antifraude inició las actuaciones previas en abril de 2015 y culminó su investigación el pasado 17 de diciembre, cuando Carles Puigdemont aún no había sido investido nuevo presidente de la Generalitat y Oriol Junqueras tampoco había tomado el relevo en la guerra del agua como nuevo vicepresidente económico de Cataluña.

Además de la Fiscalía Superior de Cataluña, el informe del organismo que lidera De Alfonso también obra en poder del líder de ERC en su condición de responsable de Economía. También lo ha recibido el nuevo consejero de Territorio, Josep Rull, con la petición de informar a Antifraude en 30 días sobre las medidas que pretende tomar o justificar cuáles son los motivos para saltarse las recomendaciones apuntadas sobre la resolución del contrato y las derivadas penales. Antifraude ha remitido la cuarta copia al ACA por su “condición de responsable de concesión examinado” y ha informado a la Agencia Tributaria por las implicaciones y derivadas tributarias que las irregularidades contables puedan tener en la factura fiscal de las compañías del grupo Acciona concernidas.