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Imagen aérea de los terrenos donde la Generalitat prevé construir BCN World / CG

Antifraude examina una denuncia contra BCN World

El organismo se da 30 días para verificar posibles irregularidades, en un proceso que se suma a las diligencias abiertas por la Fiscalía

3 min

La Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) se ha dado 30 días para examinar una denuncia presentada por la tramitación del proyecto urbanístico de BCN World, la ciudad de hoteles y juego que la Generalitat quiere autorizar junto al parque temático de PortAventura World, entre Salou y Vila-seca (Tarragona). 

El organismo ha confirmado a este medio que recibió el escrito de la CUP el 18 de enero. Antifraude ha abierto expediente, pero este se encuentra aún en fase de verosimilitud, etapa en la que los técnicos tratan de cerciorarse de si hay mimbres de irregularidades para abrir investigación. Tienen 30 días para ello. Si los hay, la Oficina decidirá si lanza pesquisas tras esta fase previa. 

Se suma a la Fiscalía

Esta actuación de Antifraude, que no presupone por ahora malas prácticas en gestión pública, se suma a las diligencias incoadas por la Fiscalía de Tarragona tras una denuncia interpuesta en este caso por los ecologistas de Aturem BCN World. Aquella investigación de la autoridad fiscal ha pasado ahora a la delegación del ministerio público en Barcelona, como informó este medio

Las pesquisas de Fiscalía y el examen previo de la OAC son, de momento, complementarios. Cuando concluya el segundo, Antifraude decidirá si se detiene el expediente a la espera de la resolución del ministerio público. Es decir, si se archiva si no hay indicios de irregularidades o si se deriva a la autoridad fiscal, por cuanto la Oficina no investiga delitos, sino mala praxis en las Administraciones públicas. 

Tramitación urbanística polémica

Las dos actuaciones se amalgaman a un virulento debate público sobre el rigor en la tramitación del armazón legal que permitirá BCN World. El primer Plan DIrector Urbanístico (PDU) diseñado por la Generalitat de Cataluña fue anulado por la justicia por riesgo químico. Ocurrió en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). 

Tras aquel revés, el Gobierno catalán anunció que recurriría con un escrito de casación al Tribunal Supremo. Asimismo, avanzó que lanzaría una nueva tramitación de otro PDU corrigiendo aquellos puntos que el TSJC había visto contrarios a ley. Todo ello en un escenario de retraso, pues el proyecto, que tiene un único operador, Hard Rock Hotels, acumula ocho años de demoras que irán a más por el enredo judicial. 

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