Antifraude corrige al Síndic y avala el modelo de taxi de Barcelona

Según la resolución del procedimiento 425/2021 a la que ha tenido acceso este medio, Antifraude archiva el escrito presentado por colectivos de taxistas y pymes del sector que sostenían que existía "financiación irregular". El fiscalizador no lo percibe así. Alega que las referencias son "genéricas" e "inconcretas" y "manifestaciones de parte", por lo que no hay evidencias de ningún delito en cómo se rige el sector. En cualquier caso, avisa la OAC, se trata de un asunto "laboral y administrativo" sobre el que deben pronunciarse, en su caso, los tribunales de lo social sin que tenga visos de falta penal. 

Alerta del Síndic

La resolución de la OAC llega después de que el colectivo alertara al Síndic de Greuges de Cataluña de que el modelo de retirada forzosa de autorizaciones por jubilación de su titular fomenta un “lucro irregular” para el AMB. Este grupo señaló que es el Instituto Metropolitano del Taxi (Imet) el que obliga a hacerlo. 

Miguel Ángel Gimeno, director de la Oficina Antifraude de Cataluña / EUROPA PRESS

En opinión de la oficina que aún dirige Rafael Ribó, que tiene el cargo caducado, ello supone indicios de “lucro” de la autoridad supramunicipal. Con todo, aseguró que no ve motivo alguno para merecer una actuación del defensor del pueblo autonómico. 

Lo próximo, una querella

Con la nueva resolución de la OAC en la mano, los colectivos de taxistas agraviados han anunciado que preparan nuevas acciones contra lo que consideran un sistema que les discrimina. El próximo paso, indican, se trata de una querella por supuesto enriquecimiento ilícito del AMB.

El escrito aún no está presentado y los futuros denunciantes señalan que evalúan la estrategia que quieren seguir con sus asesores legales para cerciorarse de su viabilidad jurídica. Máxime, cuando Antifraude no ha visto visos de ilegalidades en el proceso. Fuentes conocedoras del caso exponen que elaborarán un "peritaje" para calcular la presunta "pérdida económica" de cada titular de licencia. El examen se presentará al AMB y Generalitat de Cataluña, competentes en movilidad. 

A debate

Lo que está a debate es qué se hace con las cerca de 10.000 autorizaciones de autotaxi de Barcelona y su área metropolitana cuando los conductores se jubilan. Los taxistas alegan que la venta forzosa supone unos ingresos anuales para el AMB, por cuanto cada año se retira un número determinado de profesionales del sector. Ello, sostienen, es "ilícito". 

Centenares de taxistas protestan por el precio de los carburantes / EFE

Asimismo, los denunciantes lamentan que esta entrada de permisos al mercado "ha impedido que [las licencias] suban de precio con el IPC, quedando congeladas en los cerca de 220.000 euros que costaban en 2005". Sostienen, pues, que sus autorizaciones para operar no se han revalorizado con la inflación, algo que, bajo su punto de vista, les perjudica.