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El primer ejecutivo de Agbar, Àngel Simón (c), es presentado por el presidente de Caixabank, Jordi Gual (i), antes del inicio de su conferencia / CG

Àngel Simón reivindica que Agbar aporta 1.435 millones a la economía española

El presidente del grupo carga contra el gobierno de Ada Colau por el “menosprecio a las normas” cuando “no les encajan” y la confusión del “interés público y el interés político”

8 min

El presidente de Agbar, Àngel Simón, ha defendido este lunes que la actividad del grupo en España “tiene un impacto de 1.435 millones de euros”. En su conferencia en el Círculo Financiero de la Sociedad Barcelonesa d’Amics del País (SEBAP) ha desgranado en cómo se reparten los ingresos, cuya aportación principal -- 910 millones-- se destinan a costes operativos. De todos ellos, reinvierten 35 millones en I+D, “somos la punta de lanza  dentro del sector del agua”, ha reivindicado el ejecutivo.

A ello se le deben sumar los 350 millones de “salarios y beneficios a los empleados”, los “110 millones de impuestos” y otros 15 en “recursos destinados a la sociedad” en las comunidades donde operan. En este sentido ha reivindicado que la empresa tiene la creencia de poner en marcha un “nuevo contrato social” que debe “garantizar para las próximas décadas” y “otorgar a la ciudadanía la seguridad y la confianza en la mejor gestión de un bien de primer necesidad como es el agua, y cada vez más escaso”.

Cuatro compromisos

Simón ha tomado cuatro compromisos: la creación de trabajo de calidad tras la firma de un pacto sindical en que rechazan “la precarización” de los empleos directos, además de limitar la brecha salarial entre hombres y mujeres y el impulso de políticas de formación; dar estabilidad a la cadena de proveedores del grupo Agbar; y la “creación y distribución de valor” de una compañía que aporta 2.418 millones de euros a la sociedad, “cifra que supone el 0,2% del PIB total de España”.

El presidente de Agbar, Àngel Simón (2d), junto a Jordi Gual (d), Miquel Roca (2i) y Juan José López Burniol (i) / CG
El presidente de Agbar, Àngel Simón (2d), junto a Jordi Gual (d), Miquel Roca (2i) y Juan José López Burniol (i) / CG

El presidente de Agbar y uno de los hombres fuertes de Suez también ha recordado la “acción social y el compromiso con las personas”, con el Fondo de Solidaridad que actualmente paga la factura del servicio a unas 35.000 familias a las que da servicio Aigües de Barcelona. “Podemos afirmar que nunca hemos cortado el agua a quien no la puede pagar”, ha vindicado el ejecutivo.

Ha sacado pecho de que defienden de verdad los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU y, por último, la colaboración público-privada que debe llevar al “acercamiento del mundo científico al empresarial” mediante el “desarrollo de una innovación que genere un impacto positivo en la sociedad y en el medio ambiente”. Este último objetivo se vehicula a través del centro tecnológico Cetaqua, creado en 2007 por el CSIC, la UPC y la operadora de agua local.

Críticas a Colau

La intervención de Simón en el auditorio de Caixabank ha sido su primer discurso público tras el aval del Tribunal Supremo a la creación de la empresa mixta que gestiona el agua de Barcelona y otros 22 municipios del área metropolitana y de la que Agbar controla el 70% --otro 15% está en manos de Criteria Caixacorp y el Área Metropolitana de Barcelona el 15% restante--. El espaldarazo a las tesis de la compañía privada y que anula la estrategia del partido de Ada Colau, los Comunes, para cambiar el modelo de servicio e imponer la gestión pública.

Eloi Badia (d), responsable de medio ambiente y de la gestión del agua del AMB, junto a la alcaldesa, Ada Colau / CG
Eloi Badia (d), concejal de Presidencia y cerebro de la 'funeraria exprés' de Barcelona, junto a la alcaldesa, Ada Colau / CG

Sin mencionar a la alcaldesa ni a su partido, Simón ha mostrado su preocupación por el “menosprecio a las normas y el cuestionamiento de la seguridad jurídica” cuando “no les encajan a los gobernantes que confunden el interés político y el interés público”. Ha dejado claro que estos no son coincidentes y que, en el caso del agua, “ha sido necesario que el Tribunal Supremo dejara claro lo que todos sabíamos, que Aigües de Barcelona es el concesionario del AMB y que la empresa mixta con participación de la Administración metropolitana está bien constituida y con una durada hasta 2047”.

Seguridad jurídica

En el turno de preguntas, ha reconocido que la sentencia ha significado para el grupo “darnos cuenta de lo que siempre teníamos en Barcelona y Cataluña y sólo reconocemos cuando lo perdemos, la seguridad jurídica”.

Ha asegurado que la colaboración público-privada es la única opción para mantener las inversiones a las que se deben hacer frente en un futuro a medio plazo en que los recursos hídricos del planeta son cada vez más escasos. "La resolución judicial debe ser el paso para poder construir las biofactorías que necesitamos", ha declarado, "y si tuviéramos delante un regulador razonable que entendiera el modelo y quisiera lo mejor para la ciudad no tengo dudas de que tiraría adelante". 

Pacto de Estado por el agua

El presidente de Agbar ha reclamado un “pacto de Estado por el agua” en el que se deje clara la “cooperación leal” y la “confianza” entre los operadores del servicio, sea cuál sea el modelo de gestión. Otro de los dardos que ha lanzado a Colau es sobre el anuncio de su partido de que la factura del agua de la empresa mixta bajará un 5% en el próximo ejercicio. Tal y como avanzó Crónica Global, ha recordado que la factura final incrementará por la subida del impuesto metropolitano de tratamiento de residuos y de la tasa de cloacas del Ayuntamiento de Barcelona. “Nos bajan a nosotros para subir a otros”, ha lamentado.

Simón ha manifestado, asimismo, que el “servicio del agua representa el 0,71% del gasto medio de los hogares” frente al 4,1% del coste de gas y electricidad, el 2,68% de la telefonía o el 3,03% de Internet. Por todo ello, considera que no es en estos momentos un problema pero sí que se debe avanzar en “planificación, regulación, seguridad jurídica y estabilidad institucional”. Los deberes pendientes de la Administración Pública.