El vicepresidente del Área Metropolitana de Barcelona, Eloi Badia, junto a la directora de la Agencia de Transparencia del AMB, Gemma Calvet / AJUNTAMENT DE BARCELONA

El vicepresidente del Área Metropolitana de Barcelona, Eloi Badia, junto a la directora de la Agencia de Transparencia del AMB, Gemma Calvet / AJUNTAMENT DE BARCELONA

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El AMB abre un expediente a Aigües de Barcelona por "falta de transparencia"

Eloi Badia ha afirmado que la vicepresidencia del AMB lleva más de un año y medio solicitando información imprescindible para la gestión del servicio que no se le ha entregado

16 noviembre, 2018 15:42

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha abierto un expediente sancionador a la empresa Aigües de Barcelona por el incumplimiento de la ley de transparencia. Según ha denunciado este jueves el concejal de Energía del Ayuntamiento de Barcelona y vicepresidente del AMB, Eloi Badia, la vicepresidencia de este organismo lleva más de un año y medio solicitando información imprescindible para la gestión del servicio del agua que no se le ha entregado.

El edil ha explicado en rueda de prensa que la empresa se niega a dar información sobre ámbitos como tarifas, costes y sueldos, lo que dificulta a la administración tomar decisiones económicas sobre su gestión. Entre ellas, ha mencinado las gestiones vinculadas a las tarifas, lo que podría reducir el coste de las facturas que asume la ciudadanía.

Resolución en seis meses

La apertura del expediente por presunto incumplimiento de la Ley de Transparencia ya ha sido notificada a la empresa, y éste deberá resolverse en un máximo de seis meses, periodo durante el que una instructora investigará los indicios, escuchará a las partes y hará una propuesta de resolución del expediente sancionador. Después, la empresa podrá recurrirlo, en caso de que lo considere oportuno.

La Ley de Transparencia de la Generalitat califica estos incumplimientos de muy graves, a los que se pueden aplicar sanciones como multas de entre 6.001 a 12.000 euros; la suspensión para poder contratar con la administración pública durante seis meses; la inhabilitación para ser beneficiario de ayudas públicas durante entre uno y cinco años, y la cancelación de la inscripción en el registro de grupos de interés, ha explicado la directora de la Agencia de Transparencia del AMB, Gemma Calvet.

La apertura de este expediente sancionador es el primero desde que se creó la Agencia de Transparencia del AMB en 2015: "No nos hemos encontrado ningún otro caso" como este, ha afirmado Calvet, que además ha destacado que este asunto no tiene nada que ver con la proximidad de las elecciones municipales.

La empresa se defiende

Aigües de Barcelona ha asegurado que sí han respondido a todos los requerimientos de información que le ha remitido el AMB y que han sido respondidos en los plazos determinados y con la información solicitada. También ha recordado que hace un año la empresa lanzó un portal de transparencia que se está implementando y en el que figura información contable y que lo hizo por voluntad propia, ya que va más allá de lo obligatorio por ley.

En cambio, Badia ha asegurado que han hecho 20 peticiones de información y han avisado a la empresa mixta --con el 70% y el 15% del AMB-- de que incurría en incumplimientos de la Ley de Transparencia: "Después de un año y medio de reclamaciones reiteradas, hemos actuado".

"Desconfianza hacia la administración"

A preguntas de los medios, han detallado que sí ha habido respuestas por escrito a distintos niveles, pero poniendo en cuestión la obligatoriedad jurídica de dar la información y la necesidad de la administración responsable de disponer de ella. También han explicado que "han alegado en algunos escritos desconfianza hacia la administración responsable", cuando esta confianza debe ser a la inversa.

Badia ha recordado que Aigües de Barcelona presta el servicio en régimen de monopolio y que, además, están a la espera de una sentencia del Tribunal Supremo (TS) sobre la adjudicación del servicio que podría dejar a la empresa sin prestarlo, por lo que la situación actual exige "máxima necesidad de colaboración, transparencia y claridad, que no se está produciendo".

Calvet ha sostenido que la apertura de este expediente sancionador "no es una buena noticia, porque habla del fracaso de todas las vías que se han impulsado previamente para obtener la información", y ha dicho que estos instrumentos son incómodos de utilizar, pero son imprescindibles para defender el interés general.