Menú Buscar
Valeriano Díaz, director de la unidad zonal mediterránea de ALSA y un autobús de la compañía / FOTOMONTAJE DE CG

ALSA aprieta las tuercas al Área Metropolitana en la batalla por el Nit Bus

La compañía remite un escrito de alegaciones a la Administración supramunicipal en que defiende la validez de la concesión congelada y advierte de su responsabilidad civil patrimonial

9 min

ALSA ha decidido plantar cara al Área Metropolitana de Barcelona (AMB) para conseguir que se desencalle la adjudicación del servicio de Nit Bus en la zona norte que está congelada desde hace dos años. La compañía entregó un informe de alegaciones el pasado 17 de octubre en el que desmonta los argumentos que la empresa de economía social TUSGSAL, vinculada directamente a UGT y al PSC, ha esgrimido para frenar la firma del contrato.

El Gobierno del AMB, encabezado por la presidenta del Ayuntamiento de Barcelona, Ada Colau, con el apoyo de los socialistas catalanes, indicó en el último pleno de la institución que esperaban un mes más para tomar ninguna decisión sobre la polémica concesión para poder estudiar el informe.

Informes técnicos y dudas sobre la publicidad

Las alegaciones giran en torno a dos cuestiones: el corolario de informes que la Administración supramunicipal ha solicitado a lo largo de los últimos dos años sobre la pulcritud de la licitación y si era necesario publicarla en el Diario Oficial de la Unión Europea, el principal argumento de TUSGSAL para frenar la firma del contrato. Ambos están relacionados.

La alcaldesa de Barcelona y presidenta del Área Metropolitana, Ada Colau, en un acto de Podemos en Madrid / EFE

Sobre la concesión del servicio de Nit Bus de la zona norte del AMB se ha pronunciado la Junta Consultiva de Cataluña el pasado marzo; el servicio de contratación y secretaría de la institución el 20 de junio; los servicios técnicos de la Administración sobre el riesgo operacional; el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público; y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tramita un recurso contencioso-administrativo. Asimismo, se ha pedido la opinión a un experto externo privado que justifica el paro actual de la concesión.

Aviso de presunta arbitrariedad

Este es el único que ha alertado de que el contrato, si se llegara a firmar, no tendría validez porqué el principio de publicidad de la licitación pública se pone en duda al no estar recogido el procedimiento en el Diario de la UE.

ALSA afirma en sus alegaciones que “no existía razón alguna para solicitar el informe externo” y acusa a Colau de decidir “sin justificación objetiva para ello, paralizar el procedimiento y solicitar la opinión de un experto externo sobre cuestiones que ya clarificaron previamente órganos administrativos”. Avisa a la presidenta del AMB que “conferir al informe [del experto] el carácter de determinante” una “evidente arbitrariedad proscrita en nuestro ordenamiento jurídico”.

Observatorio de Contratación Pública

También carga contra la elección de la persona que realizó la valoración presuntamente independiente. Lo firmó el doctor Gimeno Feliú, catedrático de derecho administrativo de la Universidad de Zaragoza y codirector del Observatorio de Contratación Pública (OBCP).

“Resulta ser una copia literal” de otro documento que el doctor Miguel Ángel Bernal Blay, profesor de derecho administrativo de la misma universidad y secretario adjunto del mismo OBCP firmó en abril de 2015 sobre la licitación de los servicios de transporte públicos del municipio de Terrassa (Barcelona). El propio Bernal Bay manifiesta que él nunca ha realizado ninguna valoración sobre la polémica conexión, aunque sí firmó un estudio en otra polémica sobre el transporte que tuvo lugar en Cataluña: la adjudicación de los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y los de transportes colectivos públicos y privados de la ciudad de Terrassa (Barcelona) en abril de 2015.

TUSGSAL aportó “tanto al presenta expediente de licitación como al procedimiento de recurso contencioso-administrativo que se sigue ante el TSJC” este informe, “siendo el AMB, por tanto, plenamente conocedor dela existencia y contenido preciso de dicho informe”.  

¿Contrato de servicios?

El concurso público de esa ciudad se frenó con el argumento de que no se había publicitado en el Diario de la UE, aunque las similitudes no son exactamente iguales según el firmante de las alegaciones. ALSA reconoce que se trata de un elemento reglado en el derecho comunitario en defensa de la libre concurrencia e igualdad en la contratación pública, pero argumenta que el contrato del Nit Bus no se puede catalogar como un contrato de servicios.

Un autobús de ALSA que realiza los servicios de transporte de la Generalitat hasta Lleida / CG

Por lo menos, “no en el sentido del derecho de la UE” porqué “el contrato no implica transferencia al contratista del riesgo operativo”. El apartado económico no tenía peso en este concurso público porqué se licitó con una oferta cerrada en el que la AMB asumía las pérdidas que arroja cualquier servicio de estas características. Lo que hacía decantar la balanza hacia uno u otro operador en el pliego de condiciones fue la calidad del servicio y las mejoras que pudieran ofrecer. Y aquí, TUSGSAL patinó.

Problemas en la plica, no en el proceso

La cooperativa presentó una oferta en la que se comprometía a construir unas nuevas cocheras en San Adrià del Besós, gobernada desde hace años por el PSC, que mejoraría de forma destacable el servicio. El problema es que eligió un suelo que no estaba calificado para el uso que se le quería dar y se quedó sin puntos en este apartado de la valoración, por lo que su rival le superó.

ALSA señala al Gobierno del AMB que la presentación de la oferta por parte de su rival en el concurso público es una prueba irrefutable de que el presunto fallo, si llega a tal, en la notificación del proceso en el Diario de la UE no limitó la competencia. Los interesados pudieron presentar sus plicas y el letargo sine die del proceso tiene una explicación complicada.

Responsabilidad patrimonial del AMB

Asimismo, advierte que la Administración supramunicipal tiene una “responsabilidad patrimonial” y debería “indemnizar al potencial adjudicatario por los daños y servicios sufridos” si llegar a la conclusión de que se debe desistir el contrato. Exige “acordar el levantamiento de la suspensión”.

Por otro lado, indica que existen múltiples concursos públicos en los que se han seguido los mismos criterios que la adjudicación que se pone en duda y los contratos ya están firmados. Entre ellos, el servicio de transporte colectivo de viajeros entre El Prat del Llobregat y la Zona de Actividades Logísticas a Transportes Ciutata Comptal (abril de 2015); el Bus Nit de la zona sur del AMB que realiza Mohn desde diciembre de 2014; o el transporte de viajeros entre los jardines de Andalucía y la playa de El Prat en verano, que también realiza Mohn (junio de 2014), entre otros.

Entre líneas, avisa al AMB de que abriría la caja de Pandora si deja sin efecto la licitación que está en juego. La Administración supramunicipal no se pronuncia sobre el polémico contrato.