La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), Cristina Herrero / EP

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), Cristina Herrero / EP

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La Airef denuncia que el Gobierno esquiva sus recomendaciones sobre las cuentas

El organismo independiente insistió a los ministerios de Economía y Hacienda sobre la necesidad de una política fiscal a medio plazo para volver a la estabilidad presupuestaria

11 noviembre, 2021 14:10

El Gobierno ha dejado de lado las recomendaciones publicas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) correspondientes al tercer trimestre, que hacían especial hincapié en el establecimiento de una política fiscal a medio plazo con el objetivo de asegurar la sostenibilidad de las cuentas públicas y la vuelta a la estabilidad presupuestaria lo antes posible.

El organismo independiente ha denunciado que tanto los ministerios de Economía y de Hacienda como el Instituto Nacional de Estadística (INE) no han seguido hasta siete de sus recomendaciones, que también iban encaminadas hacia el refuerzo de la transparencia de las cuentas públicas y el intercambio de información.

Política fiscal definida

En concreto, el Ministerio de Hacienda argumentó ante la Airef que el actual no es el momento adecuado para implementar una política fiscal a medio plazo dado que aun debe evaluar los efectos negativos de la pandemia en la economía y que el escenario presenta aún numerosas incertidumbres.

Según explica en una nota la institución que preside Cristina Herrero, Hacienda se remite a la actualización del Programa de Estabilidad remitido en las últimas semanas a la Comisión Europea, una circunstancia que la Airef considera insuficiente debido a su reducido horizonte temporal y al hecho de que no incluya datos de tipo fiscal.

La insistencia con el Banco de España

Desde el inicio de la crisis del Covid-19, la autoridad independiente ha insistido en la necesidad de establecer una estrategia fiscal a medio plazo con el objetivo de comenzar a corregir cuanto antes los desequilibrios provacados por la pandemia, dado que la economía española ya se estaba alejando de forma peligrosa la estabilidad presupuestaria.

En la misma línea se ha pronunciado el Banco de España tanto en diversos documentos públicos como en comparecencias del gobernador, Pablo Hernández de Cos.

Regular la cláusula de escape

Del mismo modo, el Ministerio de Hacienda tampoco ha adoptado la recomendación relativa a regular las condiciones para la cláusula de escape para las finanzas de todas las Administraciones Públicas, que se activó precisamente como consecuencia de la pandemia.

En este sentido, la justificación del departamento que dirige la ministra María Jesús Montero se ha basado en la conveniencia de esperar a la aprobación de un estándar comunitario que se encuentra actualmente bajo tramitación.

Presupuestos en entredicho

La Airef insiste en su réplica que mientras que se acuerda este marco de gobernanza europeo es más que conveniente establecer reglas internas, con la vista puesta precisamente en la mencionada vuelta a la estabilidad presupuestaria y asegurar la sostenibilidad de las cuentas públicas.

En las últimas semanas, diversos organismos internacionales y servicios de estudios han puesto en entredicho las previsiones con las que el Gobierno ha confeccionado los Presupuestos Generales del Estado de 2022, que actualmente se tramitan en el Congreso de los Diputados.

Rebaja de Bruselas

La última revisión data de este jueves, cuando la Comisión Europea ha situado su pronóstico sobre la evolución del PIB español en 2021 en el 4,6%, casi dos puntos por debajo de los cálculos del Ejecutivo.

Las rebajas de estimaciones llegaron a raíz de que el INE corrigiera de forma drástica el primer dato que había facilitado sobre la marcha de la economía en el segundo trimestre, hasta dejarlo en el 1,1% (frente al 2,8% publicado en primera instancia).

En este punto, una de las recomendaciones de la Airef pasaba por acompasar los calendarios de publicación de datos del INE a los establecidos en la UE, aunque también ha sido rechazada por el INE al considerar que su modo de actuar cumple plenamente con el Código de Buenas Prácticas.