La mitad de anfitriones de Airbnb en Barcelona depende del 'homesharing'

La mitad de anfitriones de Airbnb en Barcelona depende del homesharing o la actividad de compartir casas con turistas. La tecnológica ha manifestado hoy su disposición al ayuntamiento para regular el sector, en un día en el que el gobierno municipal lo ha rechazado por partida doble en propuestas presentadas por la oposición. 

Tras un pleno municipal en el que el Ejecutivo local ha rehusado proposiciones para elaborar una normativa municipal para una actividad a la que la Generalitat de Cataluña abrió la puerta en agosto de 2020, Airbnb ha aportado datos que contextualizan esta práctica. El primero es que la mitad de anfitriones que utilizan la plataforma ha ganado dinero alquilando parte de su hogar, lo que les ha servido para mantenerlo. 

El 20% evitó el desahucio

Lo que es más, uno de cada cinco usuarios admite que alquilando un espacio de su vivienda por medio de Airbnb contribuyó a "evitar el desahucio o la ejecución hipotecaria" de su propiedad. Los anfitriones encuestados por la tecnológica han indicado también que el 40% de los ingresos de su hogar se destinan al pago de la hipoteca. 

En este marco, los sondeados señalan que el 25% de los ingresos totales de su primera morada los consiguieron a través de Airbnb. Respecto a la cuantía total, un 30% del dinero obtenido por medio del homesharing lo destinaron los usuarios a hacer mejoras en su casa. 

Tiende la mano al ayuntamiento

En un comunicado, la compañía ha reiterado hoy su disposición a colaborar con el Ayuntamiento de Barcelona para elaborar una normativa clara sobre a actividad de compartir domicilio con turistas. La rama de olivo que la tecnológica tiende al equipo de Ada Colau llega después de que el gobierno municipal rechace por partida doble --lo propusieron Cs y BCN pel Canvi-- redactar normativa específica para esta práctica. 

El marco legislativo de los llamados hogares compartidos es importante por cuanto ya están autorizada por el Gobierno catalán desde agosto de 2020, pero la legislación autonómica no desarrollada por el Ayuntamiento de Barcelona, lo que pone en peligro su continuidad. Airbnb lamenta los "retrasos y las resistencias" del Ejecutivo local, y pone en valor el "derecho de la ciudadanía a compartir habitaciones en sus casas".