La ilegalidad arrincona a Airbnb en Barcelona. La plataforma trató el martes de tender una rama de olivo al Ayuntamiento con cuatro medidas para ayudar a paliar la saturación turística. La reacción de la corporación fue fulminante: "una tomadura de pelo", describió Agustí Colom, edil de Turismo. La medida estrella de la tecnológica es limitar su oferta en Ciutat Vella, la zona más congestionada de la ciudad.
"Se trata de cumplir la legalidad, no es difícil. Otras 12 plataformas ya lo han hecho o están a punto de hacerlo. ¿Por qué Airbnb no?", se ha preguntado el martes Colom en conversación con Crónica Global.
"En el caso de los pisos enteros, Airbnb puede decir que decrece en Ciutat Vella --ha continuado el edil--. Pero la cuestión es que sus pisos tengan el número de registro RTC. Como ayuntamiento no podemos exigir nada menos que la legalidad, como a todo el mundo. De lo contrario estaríamos prevaricando y creando competencia desleal".
Especulación
El movimiento de las plataforma tampoco calmó a los vecinos. "El hecho de que anuncien pisos en internet ha generado especulación. Hay gente que compra viviendas sólo para alquilarlas ilegalmente", se queja Pep García, presidente de la Asociación de Vecinos del Raval.
Según el residente, el consistorio contabiliza 475 apartamentos ilegales en la zona del Raval. La asociación de vecinos cree que hay el doble de esa cifra, muchos de ellos anunciados en plataformas online. Una de ellas es Airbnb, cuya negativa a entregar los datos de los usuarios sin licencia ha envenenado la relación con el gobierno local.
"Inseguridad"
La Barceloneta, uno de los barrios que más presión turística soporta, contabiliza 1.300 apartamentos vacacionales, según datos de la AAVV L'Òstia. Licencias para operar pisos legales sólo hay 69.
"Son muchas cosas. Páginas web como Airbnb fomentan la especulación. Alquilan una habitación, en un piso de 30 metros cuadrados junto al mar, por 45 euros al día. Con esos precios es imposible competir si eres vecino de toda la vida. ¿Qué pasa? Pues que los de siempre se van", lamenta Lourdes López, vicepresidenta de la entidad.
"Hay más problemas aparte de los precios –continúa–. La inseguridad. Los turistas reciben las llaves de la escalera y a veces se olvidan de devolverlas. O se pasean en bikini y toallas por el barrio".
"Oportunidad"
Preguntado por la cuestión, Sharing España tiene una opinión distinta. La patronal de economía digital lamenta la "judicialización" de la relación entre Airbnb y Ayuntamiento.
"Esta web en concreto tiene fama de dialogar mucho con las administraciones. Debería verse como una oportunidad", asevera.
El también letrado lamenta que el plan especial urbanístico de alojamientos turísticos (Peuat), aprobado recientemente, no incluyera la categoría de homesharing (compartir casa). "Es una oportunidad perdida. Si se expulsa a Airbnb a base de multas, vendrán otras plataformas menos transparentes. O los clasificados. Porque la realidad existe", argumenta.
"Nos protegemos"
Parte de los vecinos discrepa. "El Peuat puede tener defectos, pero es una manera de defendernos. Lleva aparejado un aumento de inspectores que nos da esperanza. Piensa que hace poco descubrimos, y denunciamos, un piso turístico ilegal, de 30 metros cuadrados, alquilado por 210 euros al día", admite López.
La vecina expone otro argumento: la fiscalidad. "¿Quién controla dónde tributa Airbnb? ¿Por qué para moverte en coche y motocicleta tienes que pagar tus impuestos de matriculación y circulación y, sin embargo, con estas plataformas sale casi gratis? Hay mucho cabreo en el barrio", concluye la activista.
