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Imagen de la sede de Aigües de Barcelona / CG

Aigües de Barcelona ha regularizado el 50% de las facturas afectadas por el decreto del AMB

La gestora ha aplicado la corrección de forma automática en los recibos emitidos desde el 11 de noviembre, mientras lamenta que la normativa de la AMB "no estaba adaptada"

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Aigües de Barcelona ha regularizado más de 165.300 facturas afectadas por el decreto del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), lo que supone casi el 50% del total. La medida afecta al 20% de los clientes de la compañía tras la aplicación de un incremento en el precio derivado de la inclusión de la tasa de residuos en las tarifas por parte del ente público.

En un comunicado emitido este lunes, la compañía del grupo Agbar ha detallado que la regularización se incluye de forma automática en los recibos emitidos desde el 11 de noviembre. También ha facilitado un apartado en su web para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas.

La normativa de la AMB "no estaba adaptada"

Tras la lectura física de los contadores, cuestión básica para adecuar el agua sobrefacturada, se ha comprobado que solo un 20% del importe a regularizar corresponde al consumo real. El 80% restante son impuestos como la tasa de residuos metropolitana (que en Barcelona convive con una municial, el canon del servicio, el IVA o tasa de alcantarillado. La empresa ha detallado que “durante el confinamiento domiciliario” el consumo creció el 9,6%, por lo que “en el momento de emitir la primera factura con una lectura real, se han podido producir saltos en los tramos derivados de una acumulación de consumo”.

Aguas de Barcelona lamenta que la normativa del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) “no estaba adaptada para afrontar una pandemia como la que vivimos”. Afirma que la situación “ha superado lo previsto” por el Reglamento del Servicio Metropolitano del Ciclo Integral del Agua. “Prueba de ello es el hecho de que tuviese que aprobarse un nuevo Decreto por el Área de Ecología con fecha 3 de septiembre de 2020 a fin de adaptarse a la nueva realidad”.

Colau y la tasa de residuos

De hecho, la alcaldesa de Barcelona y presidenta del AMB, Ada Colau, trató de tapar la subida del agua acusando a la gestora de cometer un error en la tarificación. El consistorio dejó en segundo plano en ese momento el incremento de la tasa metropolitana de tratamiento de residuos (TMTR) que se aplicó en 2020 o el inicio de la facturación de un nuevo gravamen a las basuras urbano de la capital catalana dentro del recibo del agua, que no se empezó a cobrar este verano. Esto generó una desviación de la factura del agua que BComú quiso endosar de forma única a la empresa por una supuesta mala praxis en la prestación del servicio. 

La compañía ha detallado que durante los meses más duros de la pandemia se suspendió la lectura física de los contadores para garantizar la seguridad tanto de sus clientes como de sus trabajadores. Es por ello que se aplicó el artículo 60 del Reglamento del Servicio Metropolitano del Ciclo Integral del Agua, aprobado por el AMB, y se procedió a aplicar lecturas estimadas en base a los consumos del mismo periodo del año anterior. Actualmente se ha recuperado la atención a los clientes con total normalidad. 

Críticas de Badia

A pesar de las medidas activadas por la compañía, el concejal de Emergencia Climática y Transición Energética del Ayuntamiento de Barcelona y vicepresidente de Ecología del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), Eloi Badia, ha cargado de nuevo este lunes contra el grupo. En rueda de prensa ha eludido hacer ningún comentario sobre la revisión al alza de los impuestos que se facturan en el recibo del agua y ha exigido a la gestora que dé información a la ciudadanía. Todo ello, sin hacer ninguna referencia al portal que se ha puesto en marcha para atender las dudas y las quejas que puedan surgir. 

En cuanto al proceso de reembolso, asegura que será "largo" y que no se normalizará al completo hasta el 15 de enero debido a que el 80% del importe a modificar son impuestos, como el canon, IVA o la tasa de alcantarillado que afectan a diferentes administraciones públicas. La gestora será la responsable de devolver el total de los sobrecostes y reclamar las cantidades a los distintos gobiernos implicados.