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Imagen de archivo de una de las oficinas de atención al público de la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC) / EP

El TSJC decidirá sobre el ‘macrocontrato’ para gestionar la documentación de la Agència Tributària

MDA Archivos presenta un recurso ante el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público para recuperar una concesión de 724.000 euros que perdió contra Ara Vinc

12.06.2017 00:00 h.
6 min

MDA Archivos ha llevado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) la principal adjudicación de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) del ejercicio pasado. Se trata de la concesión de los servicios de traslado, custodia, consulta y destrucción de documentación administrativa de la organización por un valor estimado de 724.000 euros, un contrato de dos años prorrogables a dos más.

La empresa de Madrid encabezada por Juan Fernando Damas ha recurrido la resolución del Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público (TCCSP) del 22 de marzo. En ella, la institución presidida entonces por Juan Antonio Gallo estimó de forma parcial las reclamaciones de Ara Vinc, uno de los rivales en el proceso que le había superado en la valoración de las ofertas técnicas pero perdió los tres lotes en los que se dividía el concurso por la parte económica.

Segunda adjudicación

El tribunal decretó retrotraer la concesión hasta el momento previo a la adjudicación, que firmó el director de la ATC, Eduard Vilà, el pasado 28 de diciembre. Decretó que se debía replantear teniendo en cuenta parte de las alegaciones de la compañía de L'Hospitalet de Llobregat liderada por Josep Ribera, y así se hizo en una segunda adjudicación.

El resultado: MDA Archivos fue barrida de los tres lotes. Ara Vinc se quedó con la operativa de los servicios centrales y de las delegaciones territoriales de Barcelona y Tarragona, y la empresa Custòdia Documental, de la localidad de Puig-Reig (Barcelona), se hizo con la actividad de Girona. Fue por precios bastante más bajos que el valor estimado del contrato.

Rechazo a ofertas de cero euros

Los dos primeros lotes se firmaron por un importe de 249.600 y 28.200 euros, respectivamente, mientras que la gestión, custodia y destrucción de toda la documentación que pasa por la ATC de Girona se adjudicó por 9.500 euros.

A pesar de ser cantidades que ya implican una rebaja sustancial respecto al presupuesto de la concesión, se quedan lejos de la oferta que realizó MDA. La compañía madrileña licitó y ganó con una oferta que valoraba en cero euros tres de las cuatro prestaciones objeto del contrato. Concretamente, la recogida y documentación que se generara en las tres delegaciones y los servicios centrales de la ATC, la consulta de la documentación que se custodiara en sus dependencias y la destrucción certificada y confidencial.

Enmienda del TCCSP

Y ganó, hecho que propició críticas por presuntamente reventar la concesión y alertar sobre la baja temeraria. El TCCSP enmendó la decisión de la Agencia Tributaria Catalana y recordó que desde sus inicios y en diferentes comunidades autónomas, los distintos organismos que fiscalizan la pulcritud en la contratación pública se han pronunciado contra ofertas valoradas en cero euros.

“En todos los supuestos analizados en las referidas resoluciones, este Tribunal concluyó que las ofertas a cero euros debían ser rechazadas por aplicación de los preceptos legales y principios básicos de la contratación pública”, indica el escrito al que ha tenido acceso Crónica Global. Considera que afecta al principio de libre competencia y al de equivalencia en las prestaciones, dos elementos básicos en las concesiones.

Falta de argumentos de la valoración técnica

También estimó que la dirección de la agencia no argumentó lo suficiente la valoración de las ofertas técnicas, por lo que se caía en la discrecionalidad de la concesión, otra de las reclamaciones de Ara Vinc. Un varapalo para el órgano adjudicatario.

El TCCSP no entró a valorar la última denuncia que se puso sobre la mesa: el presunto incumplimiento de los requisitos técnicos en las instalaciones de MDA para manipular información tan sensible para los contribuyentes catalanes como la que se gestiona en las oficinas de la ATC. Considera que no puede valorar si se cumplieron o no porque sólo se pueden valorar en fase de ejecución del contrato, no en el momento actual.

Declinó anular todo el proceso, tal y como pedía la empresa de L’Hospitalet, y decretó la medida “desmedida”, aunque será el TSJC el que tenga la última palabra sobre el concurso.

Fallos de la dirección

Que esta concesión haya acabado en el alto tribunal catalán ha propiciado críticas internas en la Agencia Tributaria Catalana. Se denuncia una presunta dejadez de la dirección de la agencia en pro del ahorro económico ante un servicio muy delicado.

La causa se instruye en la sección quinta de la sala de lo contencioso-administrativo. 

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