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Imagen del Aerobús, el servicio que une el aeropuerto de Barcelona-El Prat con el centro de la ciudad / CG

El 'cártel del Aerobús' espera fuertes multas

Los operadores se preparan para duras sanciones por los indicios de amaño del concurso que han aparecido durante una investigación de Competencia

24.10.2019 00:00 h.
5 min

El cártel del Aerobús se prepara para encajar fuertes sanciones. La unión temporal de empresas (UTE) que pujó por el contrato de autobús entre el Aeropuerto de Barcelona-El Prat y el centro de la Ciudad Condal teme duras multas por los indicios de amaño que han aparecido durante una investigación iniciada por la Autoridad Catalana de la Competencia (Acco).

Así lo ha explicado un directivo de una de las empresas investigadas (TMB, Moventia, Tusgsal, agrupadas en SGMT, y la valenciana Vectalia) bajo la premisa de mantener su anonimato. "Ni la Acco ni el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) pueden pronunciarse durante la investigación por posible colusión. Pero nosotros ya hemos accedido al expediente en el marco de nuestro derecho a la defensa. Y se esperan sanciones", han indicado. ¿De qué cuantía? "Se desconoce. Pueden llegar al 10% de la facturación del ejercicio anterior, amén de multas a directivos implicados o incluso la exclusión de concursos públicos", ha enumerado la misma fuente. Ello es así porque según este ejecutivo, algunas autoridades estarían convencidas de que los indicios de colusión entre firmas para ganar la contrata de 89,5 millones "es uno de los casos más graves jamás encontrados en los últimos años".

De momento, instrucción completada

De momento, se conoce que la Acco sigue trabajando bajo estricta confidencialidad. Ha finalizado la fase de instrucción, por lo que ahora afronta la fase de resolución. Cuando se termine, enviará las conclusiones resultantes al Área Metropolitana de Barcelona (AMB), que es quien pilota el tribunal de contratación del Aerobús. Legalmente, han explicado fuentes del sector, el organismo de defensa de la libre competencia cuenta con hasta 12 meses de plazo para completar la instrucción, y otros 6 para acometer la resolución. No obstante, los operadores admiten a regañadientes que la primera etapa está ya completada, por lo que la comunicación al AMB se debería producir en los próximos meses.

Esta celeridad no es sobrevenida, sino que da respuesta a uno de los escollos que tuvo que superar el fiscalizador del mercado. "Se da la circunstancia de que las empresas investigadas por presuntas malas prácticas son las que actualmente operan el servicio en base a una prórroga de la licitación anterior. Existe un lucro continuado en base a la paralización del concurso y prórroga del actual contrato que, casualmente, beneficia a las compañías que, supuestamente, incurrieron en mala praxis", describe otro directivo de una empresa de transporte rival.

Cuatro años encallado

Sobre calendario, el culebrón del Aerobús está a punto de llegar a su cuarto año. El concurso para elegir a un operador de la lanzadera, que transporta a 5,5 millones de pasajeros al año, se lanzó en 2016. No obstante, la batalla entre firmas lo demoró varios meses mediante recursos al Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público (TCCSP). Finalmente el AMB lo adjudicó a finales de octubre de 2018. Se llevó el gato al agua una unión de empresas que comprende a Transports Ciutat Comtal (TCC) --Moventia y TMB-- y Tusgsal, apoyada por la consultora Cinesi.  En noviembre del mismo año, Competencia se personó en las sedes de las empresas porque sospechaba de posibles "prácticas anticompetitivas". Estas se centrarían en un acuerdo ilegal entre TCC y Tusgsal y su rival Vectalia, que acudió a la licitación con una filial: Transportes La Alcoyana. Tras ello, la Autoridad envió también el expediente a la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC). En el pleno de diciembre de 2018, el AMB se vio obligada a suspender el proceso.

Pese a que la investigación de la Acco no presupone culpabilidad, los rivales de las empresas señaladas apuntan a varios elementos inquietantes. El primero es el presunto amaño en sí, del que ahora recaba indicios Competencia. El segundo el hecho de que uno de los investigados, TMB, sea una empresa pública propiedad de la propia AMB. El tercer punto que subleva al sector es el hecho que algunos grupos supuestamente implicados sigan operando el servicio mientras duran las pesquisas.

Preguntado por la cuestión, la Acco ha indicado que no puede pronunciarse sobre un proceso que está en marcha.