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Claudio Boada, ex presidente del consejo asesor de Abantia / CG

Acreedores de Abantia responsabilizan a los Boada y Gummà de la quiebra del grupo

La falta de previsión en recortar los gastos productivos y el alto dispendio en internacionalizar la compañía ha llevado a amasar una deuda de más de 140 millones

5 min

Abantia, el grupo de ingeniería aplicada con sede en Sant Boi de Llobregat (Barcelona), ha iniciado el periplo del concurso de acreedores en los Juzgados de lo Mercantil por una deuda de 140 millones de euros que el negocio ordinario de la compañía es incapaz de digerir. Los expertos y acreedores se empiezan a movilizar para ver el verdadero estado contable de la compañía y han señalado a los presuntos culpables, según su análisis, de la quiebra: la gestión de las dos familias fundadoras, los Boada y los Gummà.

La compañía había presentado el preconcurso de acreedores en diciembre. Anunció en ese momento que Dominion, filial de Cie Automotive, estaba interesada en quedarse casi la totalidad del capital del grupo (se habló del 80%) y solucionar las estrecheces económicas. El inversor industrial vino de la mano de la gestora N 1, a quién la dirección, ocupada en ese momento por Claudio Boada, había dado el mandato de buscar a un compañero de viaje. Había varias ofertas sobre la mesa de perfil inversor, pero se optó por una compañía con experiencia en el sector.

Dudas sobre las cuentas

La operación no se ha concretado y la cúpula de Abantia declaró la suspensión de pagos antes de que terminaran los cuatro meses previstos por ley del preconcurso, al no poder ampliar el plazo de devolución de 10 millones a la banca. Esto ha encendido las alarmas de los acreedores, quienes esperan que en las próximas semanas se designe al administrador concursal para iniciar las indagaciones sobre el estado contable real de la compañía. Existen dudas sobre la transparencia de los balances auditados en los últimos años.

En cuanto a Cie Automotive, la cotizada manifestó tras la declaración del concurso que estaba dispuesta a quedarse las unidades productivas de Abantia por unos dos millones de euros. Esta inversión se sumaría a otros 25 millones que se destinarían a poner en marcha un plan industrial para mantener a medio y largo plazo el negocio.

500 despidos como mínimo

La empresa incluso avanzó que Dominion sólo asumiría el 70% de la plantilla adscrita a las actividades en las que está interesada: instalaciones, mantenimiento, industrial y promoción de energías renovables.

Es decir, unos 1.000 trabajadores --lo que implicaría el despido de 500 personas de personal fijo, a los que se deben incorporar los temporales-- además de las deudas que los Boada y los Gummà mantienen con la Seguridad Social.

Internacionalización sin control de gastos

La operación estaría enfocada a la mayor parte de la actividad productiva de Abantia. ¿Qué falló en la compañía? “La gestión”, coinciden los expertos y acreedores consultados. El negocio está casi asegurado, pero los gestores de Abantia no fueron capaces de reaccionar a tiempo a la caída de la demanda del mercado español, añaden los mismos interlocutores.

Boada decidió en ese momento reforzar la expansión internacional para abrir nuevos mercados y mantener el nivel de ventas sin ejecutar ningún plan de recorte de gastos. “No tenían experiencia y absorbieron todos los recursos propios”, manifiestan los analistas. La ambiciosa expansión se mantuvo incluso tras fracasar en Polonia y Abu Dhabi, donde cerraron filiales en 2013.

Proceso concursal

Al mismo tiempo, tropezaron en su proyecto estrella en energía renovable: la planta de energía termosolar de Les Borges Blanques (Lleida). El cambio en la legislación de las primas a las energías verdes llegó antes de que culminara su construcción y la deuda y el riesgo del proyecto creció. La empresa encargó finalmente a Lazard la venta su participación, que supera el 47%, el verano pasado.

El negocio concursal propicia que se mantenga el negocio pero con un alto coste laboral, remarcan los acreedores. Los números concretos se conocerán tras la tutela judicial.