El Gobierno catalán ha asegurado que resulta prioritario que Aigües Ter Llobregat (ATLL) sea de nuevo una empresa de titularidad pública antes de que termine la legislatura. El contrato de concesión que mantiene a Acciona al frente de la gestora de agua que abastece Barcelona y su ámbito de influencia fue anulado por el Tribunal Supremo (TS) hace medio año y ya se ha puesto en marcha la liquidación de esta compañía. Pero el proceso no ha implicado que la gestora liderada por los Entrecanales mantenga la total independencia para continuar con los procesos de subcontratación de actividades en la compañía.
Se trata de una vía con la que tradicionalmente la cotizada ha obtenido otros beneficios que no se contemplaban en el plan de explotación de ATLL. Fuentes cercanas al grupo recuerdan que de forma habitual este tipo de contratos han ido a parar a manos de filiales en la compañía.
Innovación tecnológica
El último concurso público que se ha abierto es la puesta en marcha del proceso para automatizar y poder dirigir de forma remota parte de la red de gestión de agua en alta del sistema Ter-Llobregat. Es decir, innovar desde el punto de vista tecnológico.
El presupuesto de licitación alcanza los 475.000 euros sin IVA y se adjudicará a la oferta que presente más ventajas económicas. Las empresas interesadas en estos trabajos disponen de tiempo hasta el 17 de septiembre. El adjudicatario final deberá tener en cuenta que lo más probable es que el cambio de titularidad de la gestión del servicio, de una concesión privada a una pública, le pille en medio del proceso.
Cambio de operador
El contrato para planificar cómo se debe adecuar ATLL a las nuevas tecnologías se prolongará durante 18 meses. El Gobierno catalán espera que en este periodo de tiempo ya se haya completado el relevo en el operador y se hayan iniciado los trámites formales para liquidar la sociedad ATLL Concesionaria de la Generalitat de Catalunya, la compañía encabezada por Acciona que está como gestor provisional.
Desde la Agencia Catalana del Agua (ACA) informan de que ya se trabaja en dar forma a la nueva empresa pública que la relevará. Existe el mandato político para tomar decisiones clave para el futuro de la concesión, como determinar cómo se subroga la plantilla o qué ocurre con toda la amalgama de subcontratas.
Discrepancias con Acciona
Por ahora no existe un control específico sobre los proyectos que se han iniciado a partir de esta fecha. Los mismos interlocutores precisan que los responsables de abastecimiento ya se encargan de fiscalizar la concesión de ATLL mediante “auditorías económicas y técnicas”.
Recuerdan que, en el ejercicio 2017, este control afloró discrepancias con Acciona por la gestión del servicio. “Habían certificado como gestión de abastecimiento trabajos que no lo eran”, manifiestan. Cuestión que zanjó con la enmienda de la partida.
Debate político
La transformación de ATLL en una compañía pública también requerirá de un debate parlamentario. Un hecho que sobre el papel sería sencillo y que incluso podría propiciar la ruptura de los bloques en la Cámara catalana, la división en el sentido del voto entre independentistas y no secesionistas. Pero la tramitación se puede enredar por los tiempos políticos del nuevo curso en Cataluña.
De entrada, el Gobierno de Quim Torra ha decidido suspender las sesiones legislativas hasta octubre. Se espera que esto tenga efectos en la ejecución de la sentencia que el Supremo publicó en febrero. La resolución que ponía punto y final a seis años de guerra del agua en Cataluña.
