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Peaje de Abertis en la AP-7 / EP

Abertis presenta un ERE que afectará a 348 personas por el fin de los peajes

Los sindicatos señalan que, de entrada, 130 de los afectados se podrían integrar en las plantillas de las nuevas empresas adjudicatarias de mantenimiento

3 min

Abertis ha presentado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectaría a 348 personas del grupo por el fin del grueso de las concesiones en las autopistas que gestiona. El próximo 31 de agosto, el último tramo de la AP-7 que aún es de pago, el que discurre entre la La Jonquera y Salou; la AP-2 Zaragoza-Mediterráneo, y la C-31, C-32 y la C-33 que unen Montgat y Palafolls levantarán las barreras.

Si la reestructuración laboral llegase a buen puerto en las condiciones planteadas de entrada, la plantilla española de la corporación se quedará en 650 empleados. Los sindicatos han informado de que las indemnizaciones para los afectados están fijadas en el convenio colectivo, por lo que recibirán el equivalente a 45 días por año trabajado hasta 2012 y de 33 jornadas a partir de entonces. Es decir, por encima de lo que marca la legislación vigente. 

Nuevo concesionario

Los tramos de Abertis que pasarán a manos del Ministerio de Fomento suman 450 kilómetros. Una vez finalice la concesión, el Estado debe gestionar esta red viaria y se espera un concurso público para el mantenimiento en condiciones de la vía rápida. Aún no se han elaborado los pliegues para este servicio, aunque ya se plantea su efecto en el plano laboral en el marco del proceso que se ha abierto ahora en la compañía propiedad de ACS y Atlantia. 

Los representantes de los trabajadores aseguran que se subrogarán unos 130 contratos a la nueva concesionaria. Se trata de los empleados que se dedican al mantenimiento y se da por sentado su continuidad por las liberalizaciones de autopistas que se han realizado en España hasta la fecha. 

Mantenimiento de las vías

El levantamiento de las barreras se produce en el momento en el que Ejecutivo baraja la implantación de un peaje global que afecte a todas las autopistas y autovías del país. Se defiende como la alternativa más viable para evitar que el coste de que las vías estén en condiciones se cargue a los presupuestos del Estado. 

Esta es uno de los retos que asumirá la nueva ministra de Transportes, la catalana Raquel Sánchez