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El consejero delegado de Abertis, Francisco Reynés, en la presentación de los resultados del grupo del ejercicio 2014

Abertis demanda a Argentina ante el tribunal de arbitraje del Banco Mundial

El grupo dirigido por Francisco Reynés justifica ante el Ciadi que es imposible alcanzar un acuerdo con el Gobierno del país por el desequilibrio en dos concesiones

Redacción
2 min

Abertis ha dado el paso. Antes de que termine el año ha presentado una demanda contra Argentina ante el Ciadi, el organismo de resolución de arbitrajes del Banco Mundial. Acusa al Gobierno del país de frenar cualquier acuerdo posible sobre el desequilibrio que desde hace varios años presentan las dos autopistas que el grupo gestiona. Lo hace mediante una demanda contra el Tesoro argentino que se interpuso el pasado 17 de diciembre.

El grupo dirigido por Francisco Reynés participa en dos concesionarias de autopistas. Se trata de la firma GCO, que gestiona la vía entre Buenos Aires y Luján (56 kilómetros), y Ausol, sociedad que explota la autopista Panamericana y la autopista General Paz (119 kilómetros).

Conflicto desde hace más de 10 años

El contencioso de Abertis con Argentina viene de lejos. Se inició hace más de una década, cuando el Gobierno de los Kirchner decidió congelar los peajes de las vías de pago. La firma española emprendió entonces un proceso de negociación en el país andino para recomponer el desequilibrio económico- financiero que presentaba la concesión, ya que se dejaba de contemplar la evolución del precio del peaje y las cuentas no cuadraban.

El diálogo ha durado tres años. La compañía asegura que elevar el contencioso con el Ciadi no significa renunciar a mantener la negociación con el nuevo Ejecutivo argentino. De hecho, fuentes del sector han insistido en desvincular la demanda al reciente cambio de Gobierno en el país.

Otros contenciosos

El contencioso contra Argentina no es el único conflicto internacional de Abertis. La Cámara Internacional de Comercio de París debe emitir una resolución sobre la nacionalización de los tres aeropuertos de Bolivia por parte del Gobierno de ese país en 2013, gestionados por la cotizada española en régimen de concesión.

En España, mantiene un litigio contra el Ministerio de Fomento sobre el pago de la compensación por los menores tráficos de la autopista AP-7. Tampoco se ha emitido una resolución judicial sobre este conflicto.