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La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad ha presentado los datos sobre los plazos en que cobran las empresas / CG

El 68% de empresas cobran con plazos superiores a los permitidos por ley

La Plataforma contra la Morosidad denuncia que la nueva Ley de Contratos del Sector Público podría suponer el cierre de empresas si no incorpora sanciones

5 min

El plazo medio de pago a proveedores en España sigue siendo de los más largos de la Unión Europea, con un retraso de entre 71 y 77 días en el 68% de las empresas. Esta demora se ha reducido respecto a 2016 (un 5,3% en el sector público; y un 9,4% sector privado), pero sigue estando lejos de los 30 y 60 días que establece la ley.

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad ha hecho públicos este martes estos  datos poco esperanzadores junto a la presentación de su informe anual sobre la morosidad. El presidente de la entidad, Antoni Cañete, ha aprovechado la ocasión para denunciar que la nueva proposición de ley que diseña el Gobierno en esta materia tampoco contribuirá a paliar estos tiempos de cobro, sino todo lo contrario: “De aprobarse, se produciría una involución en los plazos de pago que podría significar la destrucción de puestos de trabajo y cierre de empresas”.

Desequilibrio

Desde la entidad denuncian que la ley recupera dinámicas --como el pacto entre partes-- que han sido consideradas ilegales a nivel europeo y que ahondan en la relación de dominio de las empresas más grandes sobre las más pequeñas: “Se produce una tensión entre las pequeñas empresas y autónomos, y las grandes empresas, porque éstas continúan pagando con plazos muy grandes, mientras que los autonómos y microempresas están en plazos de pago mucho más reducidos”.

Cañete ha lanzado una dura crítica al papel de la CEOE, que también se ha mostrado partidaria del pacto entre partes: “Con mi representación están haciendo cosas en contra de mi”, ha espetado. A su jucio, la directiva europea, que proviene de la Small Business Act, se centra en dar cabida a la pequeña y mediana empresa, mientras que el Gobierno y la patronal estarían defendiendo solo los intereses de las grandes firmas.

El 93% de las empresas quiere un régimen sancionador

Desde la plataforma están a la expectativa de lo que se suceda el próximo 16 de febrero, cuando el tribunal europeo dictará sentencia sobre la devolución de los intereses de demora que deben pagar las empresas a sus proveedores por haberse excedido en los plazos de pago. A este sentido, instan al Gobierno a aplicar un régimen sancionador más exigente con las empresas morosas. 

Según sus datos, el 93% de las empresas nacionales reclaman que se imponga un régimen sancionador: “Sin duda es nuestro gran clamor ante la necesidad imperiosa que tiene el país contra estas posiciones de dominio y abuso”, ha apositllado el presidente.

Enmiendas

El presidente de la plataforma ha informado que están manteniendo reuniones con todos los grupos políticos para cambiar la proposición de Ley de Contratos del Sector Público. Entre sus reclamaciones principales están, además de la eliminación de la posibilidad de pacto entre las partes, la exigencia de un máximo de certificacion de 30 días, sin excepciones; la obligación por parte del licitador de comprobar los pagos a los subcontratistas; o abrir la posibilidad de los pagos directos.

La cuarta edición de la Cumbre contra la Morosidad que organiza la entidad en marzo tendrá lugar una vez la justicia europea haya dictado sentencia y con la “confianza” de la plataforma de que el régimen sancionador pase a ser una realidad. 

Su presidente insisiste en la necesidad de avanzar en la creación “de un marco adecuado” para que España cumpla los plazos de pago y se apliquen las sanciones oportunas en caso contrario. “Un país con dilación en los tiempos de pago es menos competitivo”, concluye.