El presidente del BBVA, Carlos Torres Vila (segundo por la izquierda), el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo (en el centro), y el presidente de Sabadell, Josep Oliu (derecha), durante el acto de firma para la puesta en marcha de las líneas de financiación ICO Verde e ICO Empresas y Emprendedores del Plan de Recuperación, en la sede del ministerio

El presidente del BBVA, Carlos Torres Vila (segundo por la izquierda), el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo (en el centro), y el presidente de Sabadell, Josep Oliu (derecha), durante el acto de firma para la puesta en marcha de las líneas de financiación ICO Verde e ICO Empresas y Emprendedores del Plan de Recuperación, en la sede del ministerio RICARDO RUBIO

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La Ley de Reestructuraciones: un salvavidas que los bancos hunden

Las entidades financieras intensifican su oposición a los planes de reorganización, con impugnaciones que ralentizan los procesos

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La Ley de Reestructuraciones (Ley 16/2022, de 5 de septiembre), ideada para facilitar la viabilidad de empresas en apuros mediante acuerdos de reestructuración que eviten la insolvencia, se enfrenta a la postura combativa de los bancos desde su entrada en vigor, el 26 de septiembre del 2022.

Uno de los aspectos más controvertidos de esta legislación es la posibilidad de que una minoría del pasivo, siempre que un juez lo homologue y se den unas condiciones concretas, pueda imponer planes de reestructuración al resto de los acreedores.

La oposición de los bancos

Este mecanismo, inspirado en modelos anglosajones, pretende desbloquear negociaciones cuando no hay consenso. Pero los bancos (BBVA, Caixabank, Sabadell, Santander) se oponen a esta práctica y llevan al límite la resistencia de las empresas.

Más en detalle, los expertos coinciden en que las entidades financieras han recurrido de manera sistemática a impugnaciones legales, cuestionando la formación de clases de acreedores y los criterios de viabilidad de los planes presentados. Por lo tanto, este enfrentamiento genera una gran incertidumbre en el mercado.

El caso de Celsa

Mientras los bancos intentan proteger sus balances impidiendo quitas significativas, más de 400 empresas que intentan salir a flote se encuentran atrapadas en procesos judiciales largos y costosos.

Algunos casos emblemáticos, como las reestructuraciones de Celsa o Naviera Armas, han puesto de manifiesto cómo esta pugna no solo retrasa la aplicación de soluciones, sino que también mina la confianza en el sistema.

Oficinas del grupo Celsa / CELSA GROUP

Oficinas del grupo Celsa / CELSA GROUP

Llegan los fondos de inversión

En este contexto, una solución que está ganando protagonismo es la intervención de fondos de inversión, instrumentos con mayor capacidad que los bancos para asumir riesgos. Pero esta dependencia del capital extranjero también plantea serias dudas sobre el futuro de la financiación empresarial en España.

Los bancos, tradicionalmente los principales financiadores de empresas, han reducido su participación en este tipo de operaciones, limitándose a sectores específicos o a empresas de mayor tamaño. Esto deja a las pequeñas y medianas empresas en una situación de desventaja, con menos opciones para garantizar su supervivencia.

El silencio de Cuerpo

En este escenario, llama la atención el silencio del ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, así como del conjunto de autoridades competentes ante las peticiones de los actores implicados para revisar ciertos aspectos de la ley y proporcionar mayor seguridad jurídica.

Esta inacción refuerza la percepción de que el marco legislativo está diseñado para proteger intereses particulares en lugar de fomentar un entorno equilibrado y funcional.

El ministro Carlos Cuerpo, en el Círculo de Economía

El ministro Carlos Cuerpo, en el Círculo de Economía Simón Sánchez

Empresas tensionadas

Las consecuencias de esta combinación de factores son perjudiciales. Por un lado, los bancos están cerrando el grifo de la financiación a empresas con alto riesgo, lo que incrementa la presión sobre sus balances y reduce sus posibilidades de supervivencia.

Por otro, la judicialización de los planes de reestructuración está ralentizando la aplicación de soluciones efectivas, aumentando el coste de los procesos y agravando las dificultades de las empresas. Este escenario, lejos de estabilizar el tejido empresarial, lo debilita, dejando a muchas compañías al borde de la liquidación.

Riesgo para el tejido empresarial

En definitiva, la combinación de la postura inflexible de los bancos, la dependencia de los fondos de inversión y la falta de liderazgo del Ministerio de Economía están condenando a muchas empresas a un futuro incierto.

La Ley de Reestructuraciones, concebida como una herramienta para salvar compañías viables, está siendo utilizada como un arma de doble filo que, en manos de los acreedores más poderosos, está llevando aún más lejos el desequilibrio en el sistema financiero. Con el riesgo que conlleva para el tejido empresarial, la economía y la sociedad.