La justicia destapa anomalías en la facturación de los gimnasios DiR

"Grupo patológico laboral". Es la contundente denominación que la justicia dedica a DiR en varias sentencias que reconocen la improcedencia de múltiples despidos que el equipo de Ramon Canela ha acometido con mano de hierro en los últimos años.

Son varios los magistrados que han señalado a la cadena por ampararse en las facturas de su entramado de sociedades -41 en total-, y han dado por vulnerados los derechos de sus extrabajadores.

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DiR, ¿al servicio de Junts?

Entramado de 41 sociedades

La cuestión ha escalado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que ha fallado en contra de los gimnasios. La última vez, el pasado 11 de julio. El grupo interpuso recurso contra la sentencia del Juzgado de lo Social número 10 de Barcelona y el alto tribunal catalán ha ratificado el mal hacer del entramado societario.

La marca comercial DiR opera bajo la limitada Gestora Clubs DiR como empresa matriz. Las 41 sociedades que explotan los gimnasios y sus servicios "se facturan y refacturan entre sí al precio fijado unilateralmente por la misma", recoge la resolución.

De pérdidas millonarias a beneficios

El magistrado saca a relucir las cuentas de algunas de las empresas comandadas por Canela y su equipo. Y si bien Centre d'Activitats Físiques S.A. registró un balance negativo de 3,1 millones de euros en 2021, el año siguiente se revirtieron las pérdidas en más de 59.000 euros de beneficio.

Un gimnasio de Grupo DIR, rescatado por la Generalitat de Cataluña / DIR

Precisamente, los servicios jurídicos del DiR se habían apoyado en el agujero de esta sociedad para justificar el despido de una esteticién del centro de Tres Torres, en Barcelona. 

Lo hicieron sin éxito, ya que el juez consideró probado que "todas las empresas del grupo facturan a Gestora Clubs DiR, que no cuenta con plantilla, actúa de hólding y posteriormente refactura a cada uno de los centros los servicios prestados".

'Cash pooling' y confusión patrimonial

La dirección se apoya en la práctica del cash pooling o "caja única" para manejar las cuentas a su antojo. Incurriendo en una confusión patrimonial que el propio entramado reconoce explícitamente en sus cartas de despido, tumbadas por la justicia.

"Facturan lo que quieren moviendo los centros de costes entre las diferentes sociedades", resume Josep Danon, abogado del despacho Giménez-Salinas, que ha representado a más de una quincena de exempleados que han demandado al DiR.

El mal hacer del CEO y su equipo es tan descarado que "los jueces directamente piden ver la situación del grupo, que actualmente no pierde dinero", agrega.

Ramon Canela, CEO de DIR Cedida

Anomalías y abusos

Lejos de aceptar sus argumentos, la justicia censura que el DiR aproveche la situación de una sola sociedad para proceder a la extinción de contratos de trabajo.

Tanto es así, que incluso se ha demostrado que las pérdidas de una sociedad en cuestión no son resultado del bajo rendimiento de los gimnasios, sino de las indemnizaciones que se ha visto obligado a pagar: más de 181.000 euros en sólo dos años.

Todo ello empuja a los tribunales a reconocer el "uso abusivo de la dirección unitaria" de Canela, en detrimento del derecho de sus trabajadores. Estos, además, están obligados a rotar por clubes explotados por sociedades por las que no están contratados, incurriendo en confusión de plantillas.

Una veintena de casos

Una de las afectadas es Mel, quien vio aumentada su indemnización de 8.087 a 14.022 euros tras acudir a los tribunales. Esta esteticién es víctima del cierre del servicio Wellness en el club de Tres Torres, en Barcelona, y se le apeó en 2022 argumentando las mencionadas pérdidas, desmontadas a posteriori.

Otra resolución del TSJC en 2019 le dio la razón a Belinda, una gobernanta de limpieza despedida del DiR Sant Cugat, porque "lo contrario sería permitir que pueda alegar cualquier pequeña alteración en su ciclo productivo" para despedir sin la correspondiente indemnización.

Imagen del DIR Padel Sant Cugat Cedida

Ello daría lugar a "la más total y absoluta libertad sin ningún control" sobre la cadena, zanjan los jueces, a los que se les acumula la faena: tienen pendiente la celebración de varios juicios más por hechos calcados.

Bonos y rescate en pandemia

Estas anomalías se suman al polémico programa de bonos que generó anticuerpos en el sistema financiero.

Grupo DiR se lanzó al mercado el año pasado a la búsqueda de más dinero pese a los 25 millones de euros recibidos mediante rescates públicos durante la fase más dura del coronavirus. Concretamente, de la Generalitat y de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Directivos del sector alertaron que la nueva refinanciación de cinco millones era "natural para cubrir los vencimientos de los bonos" emitidos en 2009 y 2010, que eran "impagables". Y advirtieron de que la cadena no tiene caja, sino que está en manos de los tenedores de deuda y que Canela sigue la estrategia de renovar lo que debe.