El caso Iberpotash, la compañía minera de Sallent condenada por contaminación ecológica, demuestra que hay una justicia de primera y otra de segunda. Sorprendentemente, la empresa ha conseguido una nueva moratoria de dos años para frenar su actividad y reparar los daños causados al ecosistema, lo que ha generado el estupor entre los vecinos de la zona.