Fragmento de la carta que ha enviado el Ayuntamiento de Barcelona a los vecinos / FOTOMONTAJE CG

Fragmento de la carta que ha enviado el Ayuntamiento de Barcelona a los vecinos / FOTOMONTAJE CG

Vida

Más de mil familias barcelonesas denuncian pisos turísticos ilegales en su finca

El ayuntamiento envía 800.000 cartas para pedir la colaboración de los vecinos en la detección de esta actividad ilegal

9 septiembre, 2016 00:00

Una carta del ayuntamiento en el buzón, sin destinatario ni más información que un discreto sello del remitente. “¿Qué querrán ahora?”, es el comentario más escuchado --y también pronunciado-- por los vecinos de la escalera. Concretamente, el consistorio ha enviado a los barceloneses un total de 800.000 misivas --una por cada vivienda familiar-- para pedir ayuda en la detección de los pisos turísticos ilegales.

El buzoneo de esta campaña se inició en el mes de julio y continuará hasta octubre. Según ha informado una portavoz del ayuntamiento a Crónica Global: “A día de hoy, vía web u otros canales, se han recibido 1.123 avisos ciudadanos”.

Economía sumergida

La carta se dirige a los vecinos asegurando que desde el consistorio se trabaja para garantizar que la actividad turística sea compatible con un modelo urbano sostenible y conseguir, de esta manera, “una ciudad abierta al turismo pero con normas de convivencia claras”.

No esconde la realidad: pese a la gran y extensa oferta de alojamientos legales, hay quien aprovecha el boom turístico que vive la capital catalana para ganar un dinero extra: “Economía sumergida que puede malmeter la convivencia en las comunidades de vecinos que las alojan”.

Llamamiento a la delación

El equipo de gobierno de Ada Colau se ha prometido y promete a los ciudadanos intensificar la inspección contra estos pisos turísticos ilegales y es por eso que “se despliegan diferentes medidas de choque”, con más personal dedicado a hacer búsqueda activa por toda la ciudad.

Para iniciar la tramitación de un cese de actividad ilegal, es necesario encontrar, al menos en dos ocasiones, a turistas alojados con un contrato de alquiler inferior a 31 días. “La legislación actual determinada por la Generalitat de Cataluña es muy garantista con los propietarios de los pisos”, subraya el ayuntamiento para tranquilizar a los destinatarios de su carta.

Y aquí es donde entran los vecinos: “Os solicitamos que nos facilitéis información si creéis que en vuestra finca hay un piso de uso turístico ilegal, para hacer más efectiva la tarea de inspección”. Una petición que, de momento, ha tenido respuestas positivas y no tan positivas. Como un grupo de 'anfitriones' de la de la plataforma Airbnb, que en el mes de agosto planteó “inundar” la web del consistorio de denuncias falsas para colapsar los servicios de inspección y boicotear los planes de Colau.